El Gobierno ha contratado una asesoría del BID para colaborar en los procesos operativos en tres organismos que serán protagonistas de la reforma tributaria: Tesorería, Aduanas y el SII. Según el subsecretario de Hacienda, se requiere una visión externa para mirar -desde afuera- los cambios que serán necesarios para adaptarse al nuevo esquema tributario.

Estas asesorías se han vuelto esenciales porque, como advertimos en el caso del Transantiago, las grandes reformas pueden tener resultados desastrosos si son mal implementadas. En el caso tributario, los cambios introducen tal complejidad en el sistema impositivo que no se descartan graves problemas en su aplicación.

Desde hace aproximadamente una década, existe en Chile menos confianza que en el pasado sobre cómo aplicar políticas públicas asociadas a reformas sustantivas. En parte, es una herencia del Transantiago, que nos hizo ver la magnitud de los errores que se pueden cometer y hasta qué punto pueden equivocarse los técnicos.

Pero pareciera haber algo más de fondo, referido al cambio de enfoque que han experimentado las políticas públicas en el país. Hasta unos diez años atrás, el criterio con el que se examinaban las políticas públicas era predominantemente económico. Este marco de referencia bien establecido ofrecía un objetivo claro: la eficiencia económica era el punto de vista más importante para evaluar diversos métodos para alcanzar el objetivo deseado en políticas públicas. Aunque la contingencia y las presiones políticas podían afectar ese proceso, la existencia de un criterio claro limitaba la magnitud de estas desviaciones.

Durante más de dos décadas este fue un esquema exitoso, permitiendo alcanzar las mayores tasas de crecimiento, caídas en la pobreza y mejoría en todos los indicadores sociales que ha tenido Chile. Nuestras políticas públicas eran novedosas a nivel mundial y guía para otros países. Nuestros consultores eran requeridos en el extranjero y contratados por organismos multilaterales para enseñar sobre cómo reeditar las políticas públicas de Chile.

Con todo, ese modelo de análisis comenzó a ser cuestionado, enrostrándosele que dejaba poco espacio para la política y para votantes cuyas sensibilidades no aceptaban un enfoque de políticas públicas centrado en los aspectos económicos y de eficiencia. Importantes grupos políticos y de intelectuales aún admiran las políticas de la década de los 60, y esa mirada hacia el pasado no da lugar a políticas públicas novedosas y atractivas para otros países.

Durante la última década, las políticas públicas han incorporado -con creciente gravitación- otras variables entre sus objetivos: ambientales, sociales, de equidad, por mencionar algunas. Con ello ya no hay un objetivo nítido que orienta su acción, sino aquel que responde mejor a las inquietudes y presiones políticas del momento. Es el caso de la reforma tributaria. Mal concebida en su origen, los intentos por arreglarla han terminado en un cuadro menos malo, pero que dista de un resultado que pueda resultar atractivo o interesante para un observador externo.

Nos estamos transformando en un país con políticas difuminadas, difíciles de implementar y menos eficientes desde un punto de vista económico. Cada vez son menos las políticas públicas en que Chile es un país innovador, un cambio sustancial respecto de las dos décadas precedentes. El resultado ha sido una caída en el crecimiento potencial de la economía, un largo período sin aumentos en la productividad y un escenario en que los grupos de presión tienen más espacio para alterar las regulaciones del país en su favor.