Si todo el mundo está expectante frente al resultado del referéndum independentista en Escocia, hay algunos, como los catalanes, que observan con más atención, y quizás envidia, lo que ocurra mañana en el Reino Unido. Atención porque pueden sacar conclusiones sobre los sentimientos nacionalistas y su desenlace, y algo de envidia, porque los escoceses pueden votar mañana en forma totalmente legal, habiendo acordado con el gobierno británico una fórmula para canalizar sus aspiraciones.

No es el caso de Cataluña, cuyo ejecutivo autonómico ha tenido un largo debate con Madrid sobre la legalidad de la consulta que pretende realizar el 9 de noviembre. Mariano Rajoy ha sido categórico en que es inconstitucional, y que apenas el Parlamento vote la "ley de consulta" -lo cual se espera para mañana viernes-, enviará un recurso al Tribunal Constitucional, en virtud de "su obligación de hacer cumplir las leyes". Los catalanes reclaman que Madrid utiliza "las leyes como muro de contención y no como canal de solución".

Pero el gobierno de Rajoy tiene una razón de peso. De acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, podría suspender "la autonomía regional si una comunidad no cumple con las obligaciones que le impone la propia Carta Magna u otras leyes", o si actúa de "forma que atente gravemente al interés general de España". Basta que se presente el recurso ante el Tribunal Constitucional, para que la ley de consulta quede suspendida, y frente a esa situación, los catalanes no tienen respuesta unívoca. Votar o no votar. Ya se vislumbra la pugna entre los partidos, porque mientras el Presidente de la Generalitat , Artur Mas, es proclive a acatar ese fallo, su socio parlamentario Esquerra Republicana plantea una "desobediencia civil", que se manifestaría en votar a como dé lugar. Por otro lado, el escándalo que envuelve al líder histórico de los independentistas catalanes, Jordi Pujol, ha caído como balde de agua fría a la causa nacionalista.

Por esta tensión entre las autonomías y Madrid (que incluye al País Vasco y Valencia, por ejemplo), algunos plantean la necesidad de reformas orientadas a dar mayor autonomía a las regiones, e incluso que se adopte un régimen federalista. Deben buscarse salidas para que Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes, que aporta el 20% del PIB a España y representa el 25% de sus exportaciones (pero también la comunidad que tiene la deuda más alta en términos absolutos), no insista en su intento por escindirse del país. Y hay espacio para eso, pues como dijo Mas, "los catalanes se han cansado del Estado español y no de España".

A diferencia de Escocia, en la que se plantea independencia o unión, los catalanes proponen tres alternativas: seguir igual, otorgar más autonomía o derechamente la independencia. Las encuestas no son categóricas sobre las preferencias, y van entre el 35% y el 55%, pero sin duda el gobierno regional presiona por esa última opción con todo su instrumental. Si el 9 de noviembre no se vota, podría ocurrir que Mas adelantara las elecciones y le diera al resultado un carácter de plebiscito.

En cualquier caso, es evidente que la cuestión catalana obligará a un diálogo para buscar un camino que no termine en ruptura, sino en el fortalecimiento de las instituciones tanto catalanas como españolas. En un mundo en el que la tendencia es a la integración, la división de España sería lamentable para ese país y para la Unión Europea.