La Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley de reforma tributaria, tras haber aprobado las más de 140 enmiendas que realizó el Senado. Con esto concluyó su tramitación en el Congreso.

La reforma fue aprobada, tras cerca de diez horas de debate, con un amplio respaldo por parte de todas las bancadas. Más allá de la discusión sobre el impacto económico de esta iniciativa, desde el punto de vista político destaca el cumplimiento del compromiso legislativo alcanzado por las distintas fuerzas políticas que suscribieron el llamado acuerdo tributario hace algunos meses.

En este caso el peligro de que este acuerdo no se hubiese cumplido -como ha sucedido con nominaciones de jueces o consejeros del Banco Central- estuvo latente en estas semanas de discusión, pero finalmente ello no ocurrió.

El valor de los acuerdos, y el respeto de los mismos, es un capital político que se debe celebrar y que se transforma en un activo institucional intangible ante futuras coyunturas en cualquier ámbito. Lejos de una condición peyorativa -que algunos han tratado de atribuirle- los acuerdos políticos transversales le dan estabilidad al país y han posibilitado importantes avances y reformas estructurales a lo largo de las últimas decadas.

Uno de los temas que provocaron mayores reparos y obtuvieron una de las votaciones más ajustadas fue la fórmula de blanqueo de capitales introducida en el Senado por impulso de legisladores oficialistas: a cambio del pago de solo 8%, se redime de impuestos adeudados, multas, intereses y hasta penas corporales a quienes han evadido sus obligaciones tributarias. Para esos efectos, un artículo transitorio permite, durante 2015, un sistema voluntario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero y que se mantenían ocultos del fisco.

En los últimos años, varios países han creado programas de amnistía para darles a los contribuyentes la oportunidad de volver a la legalidad; tal es el caso de Bélgica, Holanda y Australia. Sin embargo, hay una gran diferencia entre esas amnistías y la que se estableció en Chile: la repatriación de capitales se permitió en esos países bajo la condición de que los contribuyentes pagaran todos los impuestos debidos, más una multa, y a cambio de ello no serían perseguidos criminalmente por la justicia.

Por el contrario, los países que han implementado amnistías tributarias, como es el caso de Italia y de algunos países latinoamericanos, evidencian altas tasas de evasión de impuestos al ingreso.

El mundo se mueve hacia perseguir y castigar a evasores de impuestos y en este ámbito Chile ha tomado la senda equivocada. La paradoja, además, es que esta disposición aprobada es antagónica con los propósitos de justicia que inspiraron a la reforma desde un comienzo.