La ministra de Salud ha informado que se reformulará la institucionalidad que tiene la responsabilidad de coordinar los trasplantes, dotándola de recursos humanos y financieros propios. Hasta ahora, las dificultades en realizar trasplantes se han atribuido a la escasez de donantes. Al menos, la impresión que se ha creado en la opinión pública es que existe un muy bajo número de personas con la suficiente conciencia del problema, lo que se traduce en que al momento de producirse las circunstancias apropiadas, los familiares de la persona que acaba de fallecer se niegan a entregar sus órganos. Más aún, los parlamentarios, convencidos de que estos eran los obstáculos que impedían aumentar el número de trasplantes en Chile, decidieron impulsar una nueva ley que modificó por completo el modelo nacional. Pero como suele suceder con las iniciativas motivadas por un clima de opinión provocado por alguna situación impactante, el resultado ha sido muy distinto del que esperaban los congresistas.

En efecto, con algún grado de sorpresa deben haber observado quienes promovieron la legislación que puso fin a la concepción altruista de las donaciones -las personas entregan sus órganos solo por el ánimo de hacer el bien, sin esperar retribución- cómo disminuían los trasplantes luego de que se implantara el modelo confiscatorio. En este se concibe que todos los órganos de las personas con muerte cerebral son bienes públicos de los que puede disponer el Estado, a no ser que ellas hagan un trámite que no es barato ni sencillo. Pero este cambio trajo consigo una disminución en el número de donantes y el registro de quienes se niegan a donar sus órganos ha superado ya los cuatro millones de personas. En Chile pasamos de 149 personas que donaron sus órganos el año 2012, a solo 103 el 2013, lo que significa unos seis donantes por millón de personas, que se pueden comparar con casi 20 en la Unión Europea, 26 en Estados Unidos y 35 en España, el país con el mayor registro. Sin importar lo que diga la ley, los médicos no se procuran los órganos de un fallecido cuya familia se niega a colaborar.

Si las personas en Chile no están dispuestas a facilitar la tarea de los trasplantes, eso se puede deber a motivos bien pensados, que están muy arraigados en la población. En alguna proporción existen motivaciones religiosas, pero en otras prima la desconfianza de recibir una atención inferior a la óptima en el caso de sufrir un accidente o cierto temor de que alguien pueda estar haciendo negocios con los órganos de un ser querido recién fallecido en circunstancias dolorosas. Advertir estos obstáculos parece ser el primer paso para aumentar la tasa de trasplantes en el país. No reconocer estos hechos o disponerse a combatirlos con medidas algo agresivas, como las que se establecieron en la última ley, pueden provocar el efecto paradójico que se ha observado en Chile.

La creación de una nueva institucionalidad, sin duda, es una buena forma de encontrar salida a las dificultades actuales. Un mejor sistema de procuramiento de órganos, que adopte las medidas pertinentes, otorgando a los potenciales donantes las seguridades que sus familiares exigen, puede contribuir a aumentar los casos exitosos. Asimismo, podrá ir superando ciertas falencias que se observan en los propios hospitales para atender a quienes tienen pocas posibilidades de sobrevida, pero podrían contribuir a que vivan otros enfermos que están en condiciones de extrema fragilidad. Los expertos que vayan desarrollando sus tareas en esta área tendrán mejores oportunidades de ser escuchados como para evitar que se adopten políticas tan contraproducentes como el cambio de modelo en los trasplantes.