En las últimas décadas, Chile ha realizado avances notables en materia educacional y la evidencia así lo demuestra. De acuerdo con los datos de la última encuesta Casen, los chilenos nacidos entre 1976 y 1986 alcanzan en promedio los 12,19 años de educación, es decir, por sobre los necesarios para completar la educación media. En contraste, los niveles educacionales de los chilenos nacidos entre 1966 y 1976 es de 10,34 años, y de los nacidos antes de 1956 es solo de 7,6 años. Así, mientras que entre los mayores de 55 años menos del 40% completó la educación media, en las cohortes más jóvenes, de entre 25 y 35 años, el porcentaje alcanza el 75%.

Estas inmensas diferencias, generadas por los avances recientes, han posicionado a Chile como un referente en la región. Sopesar las implicancias de estos cambios estructurales es fundamental para entender los desafíos que enfrenta el país. Por de pronto, estas diferencias provocan una natural inercia en los niveles de desigualdad de ingresos.

Estos logros fueron el resultado de los esfuerzos tanto del Estado como de los privados. Esta alianza ha sido el secreto de nuestros pronunciados avances.

El secreto del éxito
En la década de los 90, con un ingreso per cápita que no superaba los US$ 8.000 (corregido por paridad de poder adquisitivo en dólares corrientes), Chile enfrentaba la imperiosa necesidad de consolidar su crecimiento económico. El proceso se veía restringido por una población con limitado acceso a la educación media y superior. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación, poco más de 650 mil jóvenes estaban matriculados en la educación media a comienzos de dicha década (30% de ellos en establecimientos particulares subvencionados). Por otra parte, menos de 250 mil asistían a la educación superior, de los cuales cerca de 50% estaba matriculado en universidades (solo 7% en universidades privadas), 30% en centros de formación técnica y 20% en institutos profesionales.

Enfrentado a múltiples desafíos y con un presupuesto propio de un país pobre, Chile optó acertadamente por brindar la posibilidad a los privados de colaborar en el ámbito educacional.

Ese fue precisamente el sentido, por ejemplo, de la modificación del sistema de financiamiento compartido (1993) para expandir la cobertura escolar. El impacto de la medida fue el esperado y deseado: en el 2003 el número de estudiantes matriculados en la educación media alcanzaba los 947 mil (no muy inferior al actual), lo que significó un aumento de 45% en una década, con el 38% matriculado en establecimientos particulares subvencionados. Este notable avance permitió a la administración del Presidente Lagos aprobar la Ley que estableció la educación media obligatoria (2003).

En educación superior el proceso fue similar. La cobertura aumentó de la mano de la expansión de la oferta privada. De los 245 mil estudiantes de 1990, el sistema pasó a 435 mil el año 2000, de los cuales el 23% estaba matriculado en las nuevas universidades privadas, lo que significó que dichas instituciones subieran su oferta en cinco veces en diez años. Las universidades del Consejo de Rectores -estatales y privadas tradicionales- también la aumentaron en poco menos de dos veces, en el mismo período.

Sin embargo, incluso con esta positiva transformación, a principios del nuevo milenio, el país no superaba tasas del 40% en cobertura en educación superior. La cifra era reconocida como insuficiente para poder competir a nivel global. El Estado, entonces, optó nuevamente por permitir a los privados, familias y estudiantes, contribuir a las necesidades del país, a través del desarrollo de sistemas de créditos para los estudios superiores. Los efectos no se dejaron esperar: en el 2010, la matrícula en educación superior alcanzó los 987 mil estudiantes, doblando el número respecto de la década anterior, con el 32% matriculado en universidades privadas. Más recientemente, la expansión de la cobertura también se ha hecho sentir en los centros de formación técnica e institutos profesionales.

Emprendimiento e innovación en educación
El aporte de los privados al sistema de educación ha sido inmenso. Argumentar lo contrario es desconocer nuestra historia reciente. Los sostenedores no han sido meros administradores, sino que han sido colaboradores y responsables directos de nuestros avances. Lo mismo que las instituciones privadas de educación superior. Estas, a través de la competencia e innovación, han aprendido cómo desarrollar las acciones educativas, transformándose en una opción para miles de jóvenes que antes no tenían acceso al sistema de educación superior. Las familias, por su parte, merecen un reconocimiento a sus esfuerzos, pero no quitándoles el derecho a contribuir a la educación de sus hijos, sino que ofreciéndoles una educación pública de calidad.

Nadie puede desconocer la necesidad de corregir las deficiencias regulatorias y de fiscalización, pero la generación de tratos asimétricos y discriminatorios, demonizando la labor de los privados, simplemente desconoce el origen de nuestros avances en el ámbito educativo.