El esfuerzo desplegado por los senadores de las circunscripciones 14 y 15 de La Araucanía, Alberto Espina y José García, ambos de RN, para preparar una propuesta titulada "Acuerdo por la Paz Social en La Araucanía", en la que se presenta un plan concreto para abordar la problemática mapuche en dicha región, es digno de elogio. Constituye un trabajo serio, construido con amplitud y considerando las opiniones de un vasto número de personas representativas del pueblo mapuche, de asociaciones gremiales, agricultores, representantes de iglesias y personeros oficiales, incluidos ex presidentes de la República.

El documento aborda cuatro aspectos que representan las aristas más importantes del problema, a juicio de sus autores: la política de tierras, la pobreza rural, la participación política, y la violencia. En relación a la política de tierras, el documento revisa la historia del problema, y concluye que los 275 mil millones de pesos destinados a la compra de 187 mil hectáreas, sumadas a las 278 mil hectáreas de propiedad fiscal, todas ellas entregadas a las comunidades indígenas, no han sido suficientes para resolver las reclamaciones. Por ello, proponen la creación de un Consejo o Aukiñ, establecido por ley, e integrado por representantes del Estado (con acuerdo del Senado), del pueblo mapuche, de agricultores y emprendedores forestales, que establezca el catastro y la delimitación de las tierras que el Estado de Chile debe al pueblo mapuche, conforme a los fundamentos históricos y legales que recopile. Una vez finalizada su labor, que el documento estima durará unos dos años, el Estado deberá proceder a la entrega real de las tierras, o a compensaciones, si los indígenas así lo prefieren. Todas estas tierras deberán entregarse de una sola vez, como una forma de cerrar las posibles reclamaciones posteriores. A pesar de lo concreto de la tarea encomendada a dicho Consejo, no resultará fácil establecer con claridad la cuantía y justicia de las reclamaciones, dadas la multiplicidad de casos y la ambigüedad que ellos puedan contener. Tampoco queda claro si ese procedimiento conseguirá terminar con las reclamaciones, o si ellas continuarán en el futuro.

En relación con la pobreza rural, la infraestructura, la productividad, la asociatividad y el emprendimiento, se propone crear la Corporación de Fomento Rural de La Araucanía, como la agencia de desarrollo productivo rural orientada a otorgar estímulos significativos para la creación de empleos, articulación de redes y mejoramiento de la competitividad, otorgamiento de créditos, y otras actividades en esa dirección.

En lo que se refiere a la participación política, propone declarar la existencia de los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, otorgándole un reconocimiento constitucional y dándole el carácter multicultural a nuestra sociedad. Asimismo, propone crear el Ministerio de Asuntos Indígenas y un nuevo organismo que ejecute las políticas indígenas fijadas por este. También, plantea crear cuotas para cargos de elección popular, parlamentarios y otros, siguiendo el ejemplo de naciones como Nueva Zelandia. Finalmente, en lo que se refiere a la violencia, propone que en un segundo mandato el Consejo o Aukiñ determine las víctimas de ella desde 1990 a la fecha, sean o no mapuches, para repararlas, a ellas o a sus familias.

Se trata, sin duda, de un esfuerzo importante por parte de ambos senadores. Aun así, subsiste la duda de si esta solución será aceptable para las partes y si la entrega de tierras propuesta acabará con las reclamaciones, y si lo que se entrega logrará poner paz y aislar a los violentos. La introducción de cuotas, utilizada en otros países, abre, de todas formas, múltiples interrogantes. Con todo, se echa de menos la introducción de caminos adicionales para otorgar igual dignidad al pueblo mapuche -en idioma, cultura o deportes, entre muchos otros-, pues esa es la base de la convivencia pacífica y civilizada entre comunidades con ancestros culturales diversos.