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RenovarNoticias
Lunes 01 de septiembre de 2014
Caso Guzmán: la última carta judicial que se juega el Gobierno para extraditar a Galvarino Apablaza
Existe una causa desde 2010, hasta ahora desconocida, en un tribunal de Argentina, con la cual se busca anular la calidad de refugiado político del ex frentista. Interior mantuvo equipo de abogados argentinos para litigar.
Cinthya Carvajal A.
Pese a que el ministro de RR.EE. de Argentina, Héctor Timerman, manifestó hace unos días que se mantiene la posición de no extraditar al ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Galvarino Apablaza, existe en paralelo a las gestiones diplomáticas un proceso judicial pendiente con el cual se intenta revertir esta decisión.
El ex frentista, apodado “comandante Salvador”, está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards; y podría enfrentar a la justicia chilena si un tribunal de Buenos Aires anula su condición de refugiado político. Fue por este motivo que no pudo ser extraditado, pese a la decisión de la Corte Suprema Argentina.
Esta última carta judicial, que hasta ahora era desconocida, fue presentada en 2010 por el gobierno de Sebastián Piñera. El ex abogado del Ministerio del Interior chileno Cristián Gandarillas junto a su par argentino Gustavo Gené, trabajaron en conjunto la estrategia.
Se presentaron dos recursos: uno ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) apelando a la decisión de otorgarle esa condición a Apablaza, y una reposición ante el superior jerárquico que es el Ministerio del Interior argentino. Ambos fueron rechazados.
En la actualidad, el Gobierno solo mantiene un procedimiento administrativo y judicial de impugnación que se tramita bajo la carátula: “República de Chile /Estado Nacional/ Ministerio del Interior”, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, Secretaría N° 1, de Buenos Aires.
Desde Chile esta causa está siendo monitoreada por el jefe de la división jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa Bluas, y se decidió mantener al equipo de abogados argentinos contratados en la administración anterior.
El recurso tiene por objeto la impugnación del Acta Resolutiva N° 387/2010 y del Acta Resolutiva N° 481/2010, ambas emitidas por la Comisión Nacional para los Refugiados, y de la Resolución N° 1729/2010 del Ministerio del Interior (Conaref), que otorgó la calidad de refugiado político al ex frentista. En Chile, este tipo de proceso tiene su símil en el juicio de nulidad de derecho público.
En la presentación se sostiene que el acto administrativo es “nulo y está viciado” porque no se cumple ninguno de los requisitos que exigen la ley para que la Conare le otorgue la calidad de refugiado político a Apablaza.
Con ello se busca que se haga efectiva la decisión de la Corte Suprema de Argentina que en septiembre del 2010 autorizó la extradición. Sin embargo, en este país la extradición es doble vía, además se requiere la autorización de la Presidenta Cristina Kirchner, la que hasta ahora nunca se ha pronunciado oficialmente, ya que antes de ello se le otorgó el asilo político a Apablaza.
En caso de acogerse la nulidad, se tendría que pronunciar Kirchner o el mandatario que esté en el gobierno. Se estima que este proceso judicial podría durar por lo menos un par de años más, ya que el representante del Ministerio del Interior argentino ha presentado una serie de incidentes ante el tribunal para desestimar el recurso chileno.
Pese a que el ministro de RR.EE. de Argentina, Héctor Timerman, manifestó hace unos días que se mantiene la posición de no extraditar al ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Galvarino Apablaza, existe en paralelo a las gestiones diplomáticas un proceso judicial pendiente con el cual se intenta revertir esta decisión.
El ex frentista, apodado “comandante Salvador”, está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards; y podría enfrentar a la justicia chilena si un tribunal de Buenos Aires anula su condición de refugiado político. Fue por este motivo que no pudo ser extraditado, pese a la decisión de la Corte Suprema Argentina.
Esta última carta judicial, que hasta ahora era desconocida, fue presentada en 2010 por el gobierno de Sebastián Piñera. El ex abogado del Ministerio del Interior chileno Cristián Gandarillas junto a su par argentino Gustavo Gené, trabajaron en conjunto la estrategia.
Se presentaron dos recursos: uno ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) apelando a la decisión de otorgarle esa condición a Apablaza, y una reposición ante el superior jerárquico que es el Ministerio del Interior argentino. Ambos fueron rechazados.
En la actualidad, el Gobierno solo mantiene un procedimiento administrativo y judicial de impugnación que se tramita bajo la carátula: “República de Chile /Estado Nacional/ Ministerio del Interior”, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, Secretaría N° 1, de Buenos Aires.
Desde Chile esta causa está siendo monitoreada por el jefe de la división jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa Bluas, y se decidió mantener al equipo de abogados argentinos contratados en la administración anterior.
El recurso tiene por objeto la impugnación del Acta Resolutiva N° 387/2010 y del Acta Resolutiva N° 481/2010, ambas emitidas por la Comisión Nacional para los Refugiados, y de la Resolución N° 1729/2010 del Ministerio del Interior (Conaref), que otorgó la calidad de refugiado político al ex frentista. En Chile, este tipo de proceso tiene su símil en el juicio de nulidad de derecho público.
En la presentación se sostiene que el acto administrativo es “nulo y está viciado” porque no se cumple ninguno de los requisitos que exigen la ley para que la Conare le otorgue la calidad de refugiado político a Apablaza.
Con ello se busca que se haga efectiva la decisión de la Corte Suprema de Argentina que en septiembre del 2010 autorizó la extradición. Sin embargo, en este país la extradición es doble vía, además se requiere la autorización de la Presidenta Cristina Kirchner, la que hasta ahora nunca se ha pronunciado oficialmente, ya que antes de ello se le otorgó el asilo político a Apablaza.
En caso de acogerse la nulidad, se tendría que pronunciar Kirchner o el mandatario que esté en el gobierno. Se estima que este proceso judicial podría durar por lo menos un par de años más, ya que el representante del Ministerio del Interior argentino ha presentado una serie de incidentes ante el tribunal para desestimar el recurso chileno.
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