Después de un largo paro de altísimo costo, tanto para el Gobierno como para los pacientes del Hospital del Salvador, y una mesa posterior, el Ejecutivo accedió a modificar los términos del contrato de concesión visado solo unas semanas antes por Contraloría. El protocolo de acuerdo con los trabajadores especifica que los empleados del hospital seguirán siendo funcionarios públicos y que se salvaguardará el patrimonio histórico de esta institución.

La ministra de Salud lo expresó así: “La idea es que la concesión no signifique un cambio dentro de lo que es la cultura del sector salud y la esencia del sector público. En ese sentido vamos a avanzar”. Pero puede tratarse de un avance hacia el pasado. Ahora bien, al menos en un tema la ministra tiene razón: el paro se origina en que los trabajadores percibían que la mayor eficiencia operativa de un concesionario amenazaba sus actuales condiciones de trabajo, en que se ve seguridad de empleo, poca eficiencia administrativa, sobredotación, y otros aspectos de ineficiencia estatal. Fue un error del gobierno pasado no haber previsto que en todas las concesiones de hospitales que no sean hospitales nuevos, el concesionario debe disponer de un plan para los trabajadores que sea aceptable para ellos. Solo de esta manera no se opondrán y no serán utilizados por quienes rechazan las concesiones por razones ideológicas y no de razón.

Desde el punto de vista del concesionario, el cambio de contrato lo sume en la incertidumbre, y le será costoso —si puede hacerlo— conseguir el bono de garantía de la construcción que requiere en esta etapa del proyecto. El análisis económico de su proyecto se ve completamente modificado por las nuevas condiciones del contrato. Esto es una lástima: es un concesionario nuevo en nuestro país y le inyectó competencia al proceso de licitación de la concesión, en el que cuatro empresas compitieron con ofertas bastante cercanas entre sí. Esto es un indicador de que la oferta del concesionario no fue aventurada, y que los costos que estimó deben corresponder a los costos de suministro del servicio. Por el contrario, los cálculos con que Salud argumenta que es mayor el costo de los hospitales concesionados deben ser fundamentados.

Perdedor adicional en este proceso es el ministro de Obras Públicas, que no pudo defender las concesiones hospitalarias que se construyen bajo su cartera, en que su ministerio debe resguardar su credibilidad y autonomía de ejecución. Los inversionistas tendrán muchas dudas al invertir en otras concesiones cuando les pueden cambiar las condiciones —debido a un paro— si el ministro que las promueve no puede protegerlas de las presiones de grupos de poder. Es posible que las empresas instaladas en el país, y que ya saben cómo hacer lobby, se vean menos afectadas, pero será más difícil que ingrese nueva competencia. Y es la posibilidad de entrada la que limita la tentación de comportamientos anticompetitivos.

La estrategia del ministro en el área parece inclinarse algo más por mantener los antiguos concesionarios, renegociando contratos en vez de optar por nuevas concesiones, pese a sus muchas ventajas. Se sabe que las renegociaciones tienen muchas desventajas, y que conviene esperar a que las concesiones terminen, o negociar su término anticipado para llamar a nuevas licitaciones.