Una interesante propuesta de financiamiento estudiantil de la educación superior ha hecho la Pontificia Universidad Católica de Chile en un documento que forma parte de una reflexión más amplia de la universidad sobre el desarrollo de nuestro sistema de educación superior. La labor que se encuentra realizando la universidad es bienvenida, toda vez que el debate se ha llevado a cabo sobre la base de grandes declaraciones, pero con pocas propuestas razonadas y técnicamente sustentadas. Es imprescindible que otras instituciones académicas contribuyan también con propuestas igualmente fundadas en las distintas materias que comprende la reforma educacional.

El documento en cuestión propone asegurar un aporte mínimo por estudiante elegible que accede a la educación superior considerando aspectos como deserción, tipo de carrera u otros criterios que se estimen pertinentes. Entre estos pudiese contemplarse, por ejemplo, el nivel socioeconómico de los estudiantes (puesto que pueden necesitar más apoyo para cursar exitosamente sus estudios). Además, se sugiere elegir un grupo de estudiantes vulnerables para apoyarlos con becas que eviten deserciones por razones económicas.

Adicionalmente, se postula que las instituciones puedan pedirle al Estado un aporte complementario equivalente a la diferencia entre el arancel real del presente año y el aporte mínimo definido por el Estado. Se sugiere, además, que las personas beneficiarias una vez egresadas paguen los beneficios recibidos hasta un tope del 10 por ciento de sus ingresos y por un período máximo de 20 años. La idea es que financien tanto el aporte mínimo recibido como el aporte complementario. Este último, en caso de no reintegrarse en su totalidad, generará una deuda para la universidad que deberá cancelar una vez cumplido el plazo. Para estos efectos deberá contemplar garantías y provisiones.

La propuesta apunta a que las familias no desembolsen por la educación de sus hijos y satisface, desde esa perspectiva, la demanda de gratuidad, pero esta resultaría menos onerosa porque considera una devolución de los egresados. Además, al comprometer a la universidad con un pago en caso de no devolverse el aporte complementario la obligaría a solicitar uno que esté en línea con los ingresos futuros de sus egresados o desincentiva la oferta de carreras con pocas perspectivas. Hay, por cierto, el riesgo de que se desincentiven programas socialmente valiosos pero privadamente poco rentables. Con todo, el Estado puede corregir esa situación asegurando en esos casos un aporte mínimo suficiente en las instituciones que estime apropiadas.

La propuesta podría chocar con las aspiraciones del Gobierno de asegurar una gratuidad no solo desde la perspectiva de las familias, sino también de los futuros egresados. Pero quizás la propuesta de la PUC podría flexibilizarse para compatibilizar esa postura. Por ejemplo, el aporte mínimo podría no tener que cancelarse una vez egresados. Y podrían coexistir instituciones que no exijan un aporte complementario con otras que sí lo hagan, quedando en manos de los estudiantes elegir entre ellas.

Se trata sin duda de un estimulante aporte al debate y la reflexión sobre las reformas que requiere nuestro sistema de educación superior.