Veamos los hechos objetivos. La economía chilena está creciendo menos que en años anteriores. Todo indica, en consecuencia, que este año creceremos en torno al 2%. En segundo lugar, nadie discute que este bajo crecimiento no es comparable con las crisis de 1999 y del 2009, cuando en ambos años y producto de crisis externas, nuestro producto cayó en 1,5%, respectivamente. Por otra parte, nadie discute que hay factores externos que nos han llevado a esta situación, como el menor crecimiento de China, como la disminución relativa del precio del cobre y de otras materias primas en el mercado mundial. Nadie discute, asimismo, que esta desaceleración se inició antes que la Presidenta Bachelet llegase a La Moneda. Algunos la sitúan en el 2012, otros en el 2013.

Ahora veamos los hechos debatibles. Es decir, cuánto del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet ha influido en esta situación. Considerando para los efectos de entender el programa, este estaría constituido por cuatro ejes centrales principales, a saber: la nueva Constitución, la reforma tributaria, la reforma educacional, y la reforma laboral. A partir del programa, la derecha económica y política sostiene que sería la causa principal de la pérdida de confianza en la economía y en las bajas expectativas de los agentes económicos. Esto es lo que hay que dilucidar. En mi opinión, lo que se ha construido en Chile es una profecía autocumplida que proviene del mensaje de autoridades del gobierno anterior, así como de la dirigencia opositora y de la cúpula empresarial que han hecho de la formulación programática la principal causante de la desaceleración económica. Y yo podría decir "era que no". Desde el inicio de la reforma -particularmente la tributaria y la educacional- se ha venido reiterando, a través de todos los medios, que esto conllevaría a una pérdida de la confianza y baja en las expectativas. Como muestra de lo anterior, un botón. No olvidemos que una vez enviado el proyecto de ley de reforma tributaria, el presidente de la Sofofa, el señor Von Mühlenbrock, sostuvo que era posible que la inversión se fuera de Chile. Cuando opiniones como esa se reiteran día a día durante meses, se produce la profecía autocumplida. Los agentes económicos pierden confianza y bajan sus expectativas. En esto es fundamental el papel de los medios, particularmente de los escritos, que han llevado la vanguardia en la instalación de este clima en la opinión pública y los agentes económicos.

Esto, además, se produce en una economía altamente concentrada, no solo en el ingreso sino también en la estructura productiva. Veamos, en Chile hay -de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos- alrededor de 900 mil empresas privadas que son responsables del 80% de la generación del Producto. De estas 900 mil, alrededor de 10 mil -es decir poco más del 1%- están constituidas por las denominadas grandes empresas, que a su vez son determinantes en la conducción de la economía. Un ejemplo, el 84% de las ventas en Chile las efectúan el 1% de las empresas. Cuando en ese 1% -la "locomotora del sector privado"- se genera un ambiente de pérdida de confianza, sin duda tiene un impacto en el conjunto de la economía privada. Lo anterior nos lleva al principal problema político del gobierno en este momento, que consiste en que la derecha económica y la derecha política chantajean a la Presidenta, al gobierno y a la Nueva Mayoría. Para decirlo claro: hay que parar las reformas, si no se detienen éstas, las expectativas y la confianza seguirán decayendo. En palabras más elegantes: la cúpula empresarial habla de gestos concretos, habla de señales de estabilidad y confianza, y cuando se les pregunta más en detalle, responden que la inestabilidad generada por los anuncios programáticos, tanto en las reformas en proceso legislativo como en las anunciadas, generan la incertidumbre. Frente a lo anterior, en mi opinión, el gobierno debe ser muy firme y claro. La cooperación público-privada en Chile es esencial, dada la importancia del sector privado en la economía nacional, como ya lo hemos visto, pero el sector privado y particularmente su subsector más poderoso: las grandes empresas y la organización que representa a éstas últimas, la Confederación de la Producción y el Comercio, deben tener claro que en la última elección presidencial la ciudadanía, abrumadoramente, votó por un cambio en las reglas del juego a través de procesos institucionales y democráticos, para construir una sociedad más justa e inclusiva. La gobernabilidad del país no tolera el chantaje que pretenda obviar la voluntad ciudadana.