El sistema de pensiones chileno, basado en tres pilares -la capitalización individual obligatoria, los ahorros voluntarios y el llamado reparto solidario-, está siendo sometido a un severo escrutinio, fundamentalmente debido a la brecha que se ha detectado entre las expectativas que vastos grupos de personas se han formado respecto del nivel de pensiones que obtendrían cuando se retiren y lo que efectivamente van a recibir. Por ello, el Gobierno convocó a una Comisión Gubernamental, presidida por el economista David Bravo, para que haga un profundo diagnóstico del sistema y entregue una propuesta al Ejecutivo para que este decida el curso de acción a tomar.

El sistema de capitalización individual es de una naturaleza distinta al del reparto. En la capitalización individual se define la contribución del trabajador al sistema, y la pensión resultante depende del ahorro acumulado y la rentabilidad que tuvo el fondo. En el segundo, normalmente se define el beneficio, el que luego se intenta financiar con el ahorro del resto de los trabajadores activos. Como este sistema es susceptible a presiones políticas, tiende a subir los beneficios, sin la necesaria contrapartida de fondos para solventarlos. Eso, además de la cambiante demografía, es lo que ha llevado a los sistemas de reparto a aumentar los déficits fiscales de los países donde existen.

En el caso chileno, el sistema de AFP por capitalización individual ha tenido una excelente rentabilidad -decreciente en el tiempo, como era de esperar-, un muy buen cuidado de sus fondos, además de haber contribuido de manera muy importante al ahorro e inversión del país, y a la profundización del sistema de capitales nacional de manera determinante. Sin embargo, la extensión de la esperanza de vida de las personas, que aumenta el número de años de pensión financiados con los mismos fondos acumulados y la intermitencia en la contribución debido a discontinuidades laborales del trabajador, han sido los factores más determinantes en la brecha de expectativas mencionada.

La reforma que sufrió el sistema en 2008 decidió preservar la capitalización individual como elemento definitorio de las pensiones chilenas, además de reforzar, de diversas maneras, el pilar solidario que otorga pensiones a las personas cuyas contribuciones están bajo un mínimo. El gobierno de la Nueva Mayoría, lleno de proyectos refundacionales, al incluir una comisión que estudiara el sistema de AFP, dejó abierta la puerta para un cambio de sistema, incluido el retorno a uno de reparto. Sin embargo, el hecho de haber enviado un proyecto de AFP estatal, aunque aporta poco al funcionamiento del sistema, sugiere que este no será cambiado.

La superintendente de Pensiones, Mariana Agnic, en entrevista con este diario, indicó que más que una revolución en materia de pensiones, ella prefiere hablar de una evolución del mismo. Por otra parte, la propia Comisión Bravo ha recibido más propuestas para mantener el sistema con correcciones que para cambiarlo por uno de reparto. De corroborarse esto, sería una buena noticia para el país, que no se aventuraría por el complejo camino de las promesas de pensiones desfinanciadas, sino que mantendría el sano principio de que sea el esfuerzo de cada uno el que construya su pensión, con la ayuda solidaria para los casos residuales que así lo ameriten.

Eso significa, sin embargo, tomar la dura decisión de aumentar el monto de la cotización -algunos expertos señalan que esa alza debe ser de al menos tres puntos porcentuales- y hay quienes insinúan que ese incremento debe ser de cargo del empleador, para hacerlo políticamente viable, lo cual se sumaría al aumento violento de la carga tributaria de las empresas. Junto con lo anterior, parece inevitable extender la edad de jubilación a los 67 años, al menos, tanto para hombres como para mujeres. Es de esperar que en este ámbito, el consenso de la mayoría de los especialistas sea acogido. El país lo requiere.