En un intento por revertir el fallo de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que, hace una semana, acogió un recurso de protección interpuesto por apoderados del Instituto Nacional que solicitaron a la justicia asegurar el derecho a la educación de sus hijos afectado por las tomas, la Municipalidad de Santiago, que encabeza Carolina Tohá, decidió apelar ante la Corte Suprema -acción que también realizó el centro de estudiantes del liceo- argumentando que el municipio no ha favorecido las tomas y por lo tanto no ha vulnerado el Estado de Derecho. Asegura que, por el contrario, ha realizado una serie de acciones para evitarlas y contrarrestarlas a través de desalojos y mediante incentivos para promover otras formas de participación estudiantil, como las jornadas de reflexión. Incluso, en esa misma línea, la Dirección Municipal estableció la firma de un protocolo para acotar la ocurrencia de tomas, exigiendo que la decisión deba ser aprobada en una votación democrática donde participe más del 50 por ciento de los alumnos, se realicen consultas semanales para evaluar la continuidad de la movilización y se mantengan medidas de seguridad para evitar daños y destrozos como los que se han constatado.

El fallo deja sin efecto el protocolo, exige al municipio adoptar las medidas necesarias para evitar nuevas interrupciones del proceso escolar y desautoriza la votación estudiantil como acción legitimadora de la toma, medida de fuerza que declara ilegal, pues vulnera la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. Según los apoderados que presentaron el recurso de protección, la decisión de la autoridad edilicia de recurrir a la apelación implica una postura favorable a las ocupaciones estudiantiles, afectando el derecho de sus hijos a asistir a clases.

Para la alcaldesa -sin embargo-, el fallo no considera las atribuciones propias de su autoridad, las que le permiten evaluar y decidir qué medios utilizar para enfrentar este tipo de conflicto social, sin menoscabar la libertad de expresión y el derecho de los escolares a organizarse.

El fallo judicial sienta un precedente relevante al respecto y una señal clara acerca de la necesidad de preservar la continuidad del proceso escolar. Una acción decidida contraria a la toma y las ocupaciones por parte de la autoridad no solo redundaría en una mejoría en la convivencia escolar, sino también podría tener un efecto positivo en cuanto a revertir la creciente merma en las postulaciones y el éxodo de los estudiantes desde diversos liceos tradicionales. Fomentar la participación estudiantil en los grandes temas de coyuntura nacional es una tarea central de los educadores y sostenedores, pero ello no puede resultar en la vulneración del derecho a la educación de miles de jóvenes.

La disposición del actual gobierno a reforzar y elevar la calidad de la educación estatal implica dar confianza a los padres respecto del normal desarrollo de las actividades académicas, comenzando por los liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, establecimiento de tradición republicana y, como tal, emblema de excelencia.