Señor Director:

El debate que se ha generado en torno al cambio de paradigma en la Educación ha posibilitado la aparición de una élite intelectual que, sin mayor experiencia en el aula, centra la discusión en la supuesta inoperancia del sector privado y en el fortalecimiento del Estado, tanto en su rol docente como de financista. El resultado es hasta ahora confuso, carente de una definición conceptual que la sitúe con asertividad entre una reforma educacional de alcances limitados, o un proyecto sustitutivo del sistema.

Sin pretender desviar el análisis de este marco, no deja de sorprender el escaso aporte al debate de los propios profesores, cuya participación en las discusiones han sido apenas secundaria, y condicionada al diálogo a través de una asociación gremial que se ha mostrado más reaccionaria que propositiva. Es cierto que los cambios estructurales fallidos de las últimas décadas afectaron con dureza el estatus del docente, con un costo enorme en su valoración social. Sin embargo, valdría la pena cuestionarse hasta qué punto la pauperización del sistema educacional es también asociable al desencanto que el gremio proyecta respecto de su propio rol formativo, más allá de las condicionantes históricas recientes.

Los bajos puntajes de ingreso al sistema universitario nacional de los futuros profesores, cuando los hay, marcan una tendencia que rara vez se ha considerado, con juicio crítico, como un elemento vinculante al actual estado de la Educación.

Para que la reforma sea posible, es necesario ordenar las prioridades, en particular respecto del destino de los recursos que se pretende destinar para implementarla. Previo a la configuración de una nueva estructura que garantice la gratuidad, el Estado debe, necesariamente, dignificar la función docente, generando condiciones materiales óptimas de operación en escuelas públicas, aplicables como norma estándar a la totalidad de colegios subvencionados y privados.

Paralelo a ello, es aconsejable pensar en un plan de retiro programado de aquellos profesores que, independiente de las evaluaciones a las que hayan sido sometidos, tengan treinta o más años de ejercicio, y la salida gradual de quienes cumpliesen a lo menos veinte. La garantía de jubilaciones dignas, sumado al reconocimiento social perdido hacia el profesorado, permite al Estado asumir la deuda moral y económica que hasta hoy tiene con el gremio, y revalúa las carreras pedagógicas como una opción laboral. Estas deberán ser impartidas solo en universidades, públicas o privadas, que puedan certificar su calidad con núcleos de investigación y cuerpos académicos estables, sin distinción de propiedad ni ubicación geográfica.

La renovación, en un plazo acotado, de gran parte de los docentes del sistema público (aun suponiendo la continuidad de dependencia municipal) debe ir asociada a una política de incorporación de nuevos profesores que ofrezca mejoras salariales importantes, pero que también haga exigible el cumplimiento de estándares de calidad, a la cual se supedite la continuidad laboral.

La aplicación de la reforma educacional requiere no solo ideas nuevas, sino también personas que asimilen, desde un principio, la trascendencia del cambio como una necesidad mayor.

Carlos Donoso Rojas
Decano
Facultad de Educación
Universidad Andrés Bello