Señor Director:
En
columna publicada el martes, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, señala que el proyecto que se discute actualmente en la comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados es beneficioso para los consumidores y para las empresas.
Llama la atención la conclusión del ministro Céspedes, toda vez que la mayoría de los invitados que ha recibido la comisión han presentado varios reparos y críticas fundadas a la estructura misma de la iniciativa. Pensados cuestionamientos se han formulado, en cuanto a que los juzgados de Policía Local no tengan la experiencia y especialización en materia de defensa de los consumidores, siendo que estos conocen este tipo de causas desde hace 30 años. Para reforzar este punto, la Corte Suprema sostuvo que privar a los juzgados de Policía Local de la competencia de estas causas, para que las conozca el Sernac, eventualmente sería "una decisión que podría tener desventajas y contradecir, incluso, los propósitos de mayor protección al consumidor que impulsa el proyecto", a lo que agrega que estos juzgados, en cuanto a ser una justicia comunal, "pueden resultar más cercanos y de fácil acceso".
A mayor abundamiento, las medidas coercitivas del proyecto, tales como la facultad para ingresar con auxilio de la fuerza pública sin previa resolución judicial o el aumento desproporcionado de las multas, hacen encender las alarmas sobre asuntos de constitucionalidad y niveles de discrecionalidad preocupantes.
El ánimo en la comisión ha sido de diálogo, pero para que este sea fructífero y no un simple saludo a la bandera es necesario que el Ejecutivo preste atención a los diversos actores que sienten, con razón, que este proyecto solo hace crecer al Estado, en vez de empoderar más a los consumidores, confiando en que estos, con la debida información, tomen las decisiones que más convenientes les parezcan.
Es preocupante la señal que envía entonces el ministro, luego de dos meses de trabajo legislativo serio, cuya finalidad no es otra que entregarles a las personas las herramientas necesarias que puedan hacer valer sus derechos.
Joaquín Lavín LeónDiputado UDI