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Editorial
Jueves 21 de agosto de 2014
Prioridades de la población
Las opiniones de la población parecen a grandes rasgos consistentes. Salud ocupa actualmente la primera prioridad para la población, la que quiere una gratuidad acotada en educación superior...
Los dos principales problemas que deben abordar los gobiernos, en opinión de la población, han sido en los últimos 25 años delincuencia y salud. En algunos períodos uno o ambos problemas han cedido su preeminencia a otros. Por ejemplo, en los últimos años educación ha superado a salud y esporádicamente se ha puesto a la cabeza de las preocupaciones de la población. Sin embargo, desde fines de 2011 -así por lo menos lo demuestra la encuesta de opinión pública del CEP-, ha ido perdiendo fuerza, bajando de 53 a 43 por ciento la proporción de quienes la mencionan entre los tres principales problemas a los que el gobierno debería dedicar su mayor esfuerzo en solucionar. Al mismo tiempo salud ha recuperado su preeminencia pasando de 40 por ciento a fines de 2011 a 51 por ciento en la última medición.
Es muy posible que estos cambios en la percepción de la población sean los que expliquen que el 56 por ciento de los chilenos estime, en el último estudio nacional del referido centro de pensamiento, que el destino de los recursos adicionales que genere la reforma tributaria deba ser salud, y solo el 22 por ciento educación. También puede contribuir a esta percepción el aumento en el número de becas en la educación superior y las mejores condiciones en el acceso a créditos estudiantiles, verificados en los últimos años. Así, la presión financiera sobre las familias puede ser ahora más acotada que hace tres o cuatro años. Adicionalmente, la población puede creer que los problemas en educación no requieren tanto de recursos como sí de cambios institucionales o de gestión. De hecho, la encuesta mencionada muestra que solo el 38 por ciento cree que la educación superior debe ser gratuita para todos los estudiantes. En cambio, el 57 por ciento piensa que esta debe ser gratuita para los estudiantes de familias con estudiantes de menos recursos.
¿Por qué? Es necesario considerar que la atención de salud afecta, en principio, a los mayores de 18 años, que es el universo de estudio de la encuesta CEP. Esa población está seguramente interesada en una mejor y más igualitaria educación, pero aquellos que no tienen hijos en el sistema escolar o que no están estudiando, probablemente siguen el debate educacional de manera más indirecta. En cambio, el debate de salud afecta de modo más directo a todas las personas. Presupuestariamente, además, el sector salud parece estar demandando cada vez más recursos. Para el presupuesto actual, el gasto en esta área creció algo más que el doble que el resto de los sectores, lo que puede ser una indicación de que está en una situación financieramente estrecha. De hecho, el gasto total en salud, como porcentaje del PIB, está en la parte baja entre los países de la OCDE, aunque por encima de Turquía, Estonia, México y Polonia. Con todo, Chile tiene una población relativamente más joven que la mayoría de los países de la OCDE y ello ayuda a explicar parte de las diferencias de gasto relativo. Sin embargo, los usuarios de Fonasa (la mayoría del país), de acuerdo con la última evaluación realizada por la Superintendencia de Salud, se sienten solo en un 47 por ciento protegidos o muy protegidos. En cambio, esta proporción llega al 76 por ciento entre los usuarios de isapres. Es posible que este factor contribuya a influir en la opinión de la población respecto de la necesidad de privilegiar el gasto en salud.
Si se considera que una parte importante del mayor gasto en educación que anuncia el Gobierno podría destinarse a financiar la educación de los jóvenes de ingresos relativamente altos (en su momento el ministro Eyzaguirre estimó que el costo de financiar a los jóvenes provenientes del 10 por ciento de hogares de mayores ingresos podía llegar a mil 300 millones de dólares), las opiniones de la población parecen a grandes rasgos consistentes. Salud ocupa actualmente la primera prioridad para la población, la que quiere una gratuidad acotada en educación superior.