Un grupo de diputados formalizó ayer la presentación de una acusación constitucional -largamente anunciada- contra el ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño, fundada en una supuesta falta de cumplimiento de sus funciones relacionadas con menores en situación de abandono en hogares dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename). Dicho instrumento de control político por el Congreso, importado desde el mundo anglosajón, ha echado ya antiguas raíces en Chile, fundándose en la causal de "notable abandono de deberes". El constituyente prevé que tenga relación exclusivamente con la conducta ministerial de los tribunales superiores de justicia y del contralor general de la República, mediante un procedimiento que se tramita como juicio político y concluye con un fallo del cuerpo político, momentáneamente revestido para este efecto del derecho a juzgar. Lo que se persigue es destituir o revocar la designación en su cargo de los magistrados superiores, lo que ha dado origen a un número importante de acusaciones a miembros de la Corte Suprema desde 1869, aunque varias de ellas no han prosperado en su tramitación.

Sin embargo, el ilícito constitucional consagrado como "notable abandono de deberes" no cuenta con una definición precisa. La persecución de esta responsabilidad ministerial, fundada en el abandono de deberes, ha debido desentrañar su alcance en forma casuística, atendiendo caso a caso a la naturaleza objetiva de los hechos que se les imputan, para encuadrarlos en esta precisa falta de satisfacción de deberes funcionarios. Eso supone y exige un especial cuidado en cuanto a no revisar los fundamentos ni penetrar en la esfera de los fallos dictados por los miembros de la judicatura, tarea en la que conservan su plena y absoluta independencia, aunque algunas de las conductas que se reprochen puedan tener repercusión en las sentencias que dicten.

Se espera que la voluminosa acusación constitucional que ahora se plantea invoque fundamentos reales y desarrolle su debate en torno a actuaciones u omisiones concretas que se suscitan por la investidura del acusado, de manera que configuren y acrediten fehacientemente el abandono o desamparo de sus deberes de manera grave y notable. Sería muy peligroso para la institucionalidad en general, y para la independencia judicial en especial, el que este instrumento previsto para casos que se presumen excepcionales, pueda devenir en un arma de uso común contra cualquier magistrado cuyos fallos o actuaciones no complazcan a una mayoría circunstancial de la Cámara Baja. Debe evitarse que esta se vea arrastrada a admitir a trámite e interpretar tales conductas de una forma amplia, ambigua o extensiva, ajena a nuestra tradición republicana y a las exigencias de lo más sustancial de esta institución, cual es el respeto por la autonomía de los poderes y sus atribuciones.