La publicación por parte del Banco Central de las cuentas nacionales del segundo trimestre ha despejado toda duda sobre el estado actual de nuestra economía: atrás quedaron los años de bonanza; hoy vivimos en una economía desacelerada. Lo importante ahora es adoptar las medidas necesarias para limitar la profundidad y la duración del bajón en la actividad económica.

Para ello es necesario precisar el diagnóstico. Las cifras revelan que el fenómeno se inició casi dos años atrás, cuando la inversión en capital fijo -esto es, en edificaciones y maquinarias-, luego de haber alcanzado casi 26% el PIB en la segunda mitad del 2012, comenzó a descender hasta alcanzar solo 22% en el segundo trimestre del presente año. El hecho fue inicialmente atribuido a la normal maduración de los proyectos mineros y al término de la reconstrucción post terremoto. Pero su intensidad y duración hacen pensar que tiene raíces más profundas. Lo que diversas encuestas revelan es que los empresarios y consumidores han perdido fe en la capacidad de Chile para seguir en la trayectoria de alto crecimiento que traía desde el 2010. Bajo tal circunstancia, no cabe extrañarse de que las empresas y los hogares restrinjan sus planes de inversión y de consumo.

El deterioro de las expectativas parece obedecer a múltiples causas. Desde luego, ronda el temor a que la bonanza del cobre concluya pronto y que, ya normalizada la situación económica norteamericana y europea, los intereses deban subir en el mundo. Se agrega a ello el grave retraso que vienen sufriendo las aprobaciones ambientales de los grandes proyectos energéticos y mineros, algo que ni el gobierno anterior ni el actual parecen haber podido resolver. Las alzas de impuestos que -inesperadamente- terminó promoviendo el gobierno del ex Presidente Piñera, así como la contundente reforma tributaria de la Presidenta Bachelet, probablemente han sembrado la idea de que el país ya no está interesado en favorecer el emprendimiento, la inversión y el crecimiento, sino tan solo en redistribuir la riqueza existente. Tampoco contribuyen a crear un clima propicio a la inversión las propuestas constitucionales que debilitarían el derecho de propiedad o las iniciativas que recargan a la actividad económica de excesivas regulaciones laborales o de defensa del consumidor.

El Gobierno no puede ignorar la peligrosa evolución de las expectativas. A la caída de la inversión se suma una brusca desaceleración del consumo. Aunque las cifras de desempleo aún no revelan nada alarmante, son muchas las empresas que se están viendo forzadas a despedir personal. La economía puede fácilmente transitar desde la desaceleración a la recesión.

Hasta ahora la reacción oficial parece inclinarse por activar las tradicionales palancas anticíclicas. El Banco Central, a través de tempranas y repetidas rebajas en sus tasas de interés, se ha embarcado en una política monetaria abiertamente expansiva. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, ha anunciado un fuerte incremento del gasto público, tanto en lo que resta del año como en 2015. Para ello cuenta con que la reforma tributaria le proporcionaría el próximo año recursos equivalentes a 5% del presupuesto fiscal. En tanto, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, tiene sus esperanzas puestas en la capacidad del Banco del Estado, cuyo capital ha sido reforzado, para reactivar a las pymes.

Sin duda, todas estas acciones pueden ayudar. Pero cuando el problema es la desconfianza en el compromiso del país con una verdadera agenda pro crecimiento, es probable que resulten insuficientes. Lo que el Gobierno debe hacer -así como oportunamente ha hecho en materia tributaria- es replantear su programa de reformas, reconocer que sus propuestas han creado una dañina incertidumbre, destrabar los importantes proyectos de inversión atascados e impulsar muchas de las medidas pendientes para agilizar el emprendimiento y la productividad. En otras palabras, comprometerse con el objetivo de acelerar el crecimiento.