La reciente encuesta CEP, cuyos datos se recolectaron entre el 4 de julio y el 1 de agosto, repite una pregunta formulada en muchos ejercicios anteriores, relativa a cuánta confianza deposita el entrevistado en cada una de 18 instituciones que enumera y que incluyen al Gobierno, el Congreso, los tribunales, el Ministerio Público, las municipalidades, las iglesias católica y evangélicas, los sindicatos, los diversos medios de comunicación, empresarios y empresas privadas, el movimiento estudiantil, los partidos políticos. Destaca el que los tres primeros lugares del ranking resultante corresponden, en ese orden, a Carabineros, las FF.AA. y la Policía de Investigaciones. Los siguen las radios, el Gobierno y la Iglesia católica, y las tres últimas posiciones (menor confianza) corresponden al Congreso, los tribunales y los partidos.

La ubicación de Carabineros (56%) baja 2 puntos desde el trimestre julio-agosto 2012 (58%), pero se recupera 8 desde su nivel más bajo (48%), en igual período de 2013, cuando por primera vez fue superado por la PDI (50%). Esto es llamativo, pues entre los tres problemas prioritarios los encuestados mencionan las tradicionales áreas de delincuencia (en primer lugar), educación y salud. Parecería darse cierta contradicción entre la alta evaluación de las policías y la alarma por la delincuencia. Y esto, tanto más en el contexto de los múltiples hechos que han continuado remeciendo a la ciudadanía en las últimas semanas -asaltos, bombazos, cajeros automáticos violentados, un estudiante degollado en la Plaza Italia para robarle un celular, indicios de terrorismo selectivo en áreas rurales, descontrol en La Araucanía y, como coronación, la increíble operación comando contra un camión de valores en la losa del aeropuerto de Pudahuel-.

Posiblemente, esa aparente contradicción se explique por dos factores. El primero, por cierto, es el afecto agradecido de la población hacia Carabineros, que en incontables situaciones y durante casi nueve décadas ha sido virtualmente la primera o única manifestación concreta de la asistencia del Estado a las personas en momentos difíciles de la más variada naturaleza y envergadura -accidentes, calamidades, partos de emergencia-, entregada con abnegación y no pocas veces autosacrificio. El segundo factor -más intangible pero quizá más importante- es la honestidad e incorruptibilidad que caracterizan a Carabineros, en contraste con las policías de otros países latinoamericanos y de diversos continentes. Tal vez las críticas que periódicamente se alzan contra sus logros antidelictivos sean más que compensadas por esa certeza general de que la venalidad está excluida de Carabineros, y se la sanciona con rigor cuando se detecta alguna desviación.

Como fuere, la valoración alta y sostenida que Carabineros exhibe una vez más en esta encuesta (como en todas las demás) le abre una oportunidad que debería aprovechar para perfeccionarse a sí misma como barrera contra el delito y servir así aún mejor a los chilenos. Esa confianza constituye un activo gigantesco con el que no cuentan muchas policías extranjeras (muy por el contrario). Sin embargo, la eclosión delictiva podría mellarla y vaciarla si la inseguridad pública continuara agobiando la vida cotidiana de todos los chilenos, sin distingos y crecientemente. La coordinación entre todos los entes estatales responsables de la seguridad pública parece hoy solo una esperanza para algún futuro indefinido. Una instancia obvia para ello existe -la comisión coordinadora para la justicia penal-, pero no ha sido realmente utilizada por los sucesivos gobiernos hasta hoy, y nada parece augurar que lo sea en tiempos próximos. Siendo así, Carabineros es hoy la institución que, por el ascendiente nacional de que goza, puede asumir un papel de liderazgo antidelictivo eficaz y perceptible, romper el tradicional círculo de descargo de responsabilidades de unas en otras entidades, y forzar a todas a emularla.