La acción del Estado ocurre en escenarios cada vez más complejos, en los que la dinámica y la autonomía de los procesos sociales hacen que los resultados de las políticas terminen siendo muy diferentes a los considerados inicialmente. Este fenómeno plantea una disyuntiva a la función de los gobiernos, entre buscar soluciones específicas que probablemente nunca se alcanzarán o influir en las decisiones individuales y en las interacciones sociales, para que sean estas las que generen resultados más coherentes con el bien común. Es decir, trasladar el foco de las políticas desde una autoridad que dirige verticalmente a otra que articula actores y procesos sociales. Hacer este cambio representa uno de los mayores desafíos para conducir a Chile hacia el desarrollo.

Hay múltiples ejemplos que muestran cómo el enfoque vertical de las políticas públicas choca con la realidad de interacciones sociales, que evolucionan en direcciones que la autoridad no logra anticipar. El nivel de abandono de los niños que atiende el Sename (según el informe elaborado por el Poder Judicial) refleja la enorme brecha entre el diseño teórico de un sistema de protección de la infancia y sus resultados efectivos. Al comentar las cifras del Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar 2013, la directora nacional de Senda señaló que "las políticas públicas de prevención de drogas ilícitas en los últimos años no han podido dar respuesta a los múltiples cambios sociales que se han registrado". Las deficiencias en el Transantiago ponen en evidencia la brecha que existe, por una parte, entre las acciones públicas de gestión de la flota y de la infraestructura y, por la otra, los cambios que ocurren en las conductas de los usuarios.

Casos más recientes se encuentran en el efecto de la reforma tributaria en la recaudación fiscal, que dependerá de los cambios en las expectativas y su efecto en el crecimiento de la economía. También en la educación, como lo ilustró Andrés Palma al señalar que tal como está planteada la reforma podría perjudicar a la educación pública, ya que podría causar "una estampida de padres" desde el sector municipal a colegios subvencionados.

¿Qué aprendemos de estos casos? Lo principal es que en escenarios complejos las consecuencias de las políticas públicas no pueden ser controladas por los gobiernos, sino que dependen de una multiplicidad de factores, que ocurren en el nivel de las interacciones sociales, y que ejercen una influencia decisiva en los resultados finales. Este hecho tiene importantes implicancias en la conducción de las políticas públicas, que se aplican directamente a la reforma educacional, a la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento que coordina el Ministerio de Economía y a la Agenda Energética.

Primero, es necesario cambiar el sentido de la acción pública desde una dirección vertical hacia una articulación horizontal. Frecuentemente, los gobiernos toman decisiones confiando en una certidumbre que no es tal. Más que intentar soluciones cerradas (calculadas sin reconocer las dinámicas sociales), es mejor crear las condiciones para que respuestas razonables emerjan de la acción conjunta de las personas y de las instituciones, incluyendo al mismo gobierno. El desafío de articular a los actores sociales es más contextual. Para promover la colaboración y las interacciones positivas se requiere estabilidad institucional y respeto de las normas sociales. El Gobierno debe dar el ejemplo, porque sus acciones son observadas por toda la sociedad y enfrenta la responsabilidad de la confianza que necesita la articulación horizontal.

Segundo, para que la acción del Gobierno sea efectiva se requiere que las empresas y las organizaciones del sector privado abandonen sus trincheras y se alejen de la posición de defensa de sus intereses de corto plazo, y asuman una perspectiva de bien común para enfrentar los desafíos nacionales. Este es un cambio inevitable que ya está en marcha, pero que se necesita consolidar. Las organizaciones privadas deben tener la capacidad de desarrollar un diálogo con el conjunto de la sociedad, basado en la razonabilidad de sus puntos de vista y reconociendo la legitimidad de las demás visiones.

Tercero, entre el Gobierno y el mundo privado se debe construir un nuevo tejido institucional, que albergue a la pluralidad de organizaciones de la sociedad civil, que facilitan las interacciones positivas. Este es el tejido que se requiere para que la acción horizontal del Gobierno sea efectiva y le permita influir en la sociedad. También ofrecen un mejor ambiente para que se desarrolle la colaboración entre diversos actores. La densidad de este tejido institucional actúa como un contrapeso en las decisiones públicas, lo que significa reconocer que ningún grupo tiene el conocimiento o la capacidad para dirigir por sí mismo el comportamiento de los demás y, al mismo tiempo, instala un horizonte de largo plazo para evaluar los beneficios de la acción pública.

En síntesis, las políticas públicas en escenarios de complejidad necesitan estar acompañadas de legitimidad y de interacciones positivas. En caso contrario, la dinámica social cae en un círculo vicioso, en que las conductas de las personas se apartan del bien común y el progreso de la sociedad se estanca. Generar un círculo virtuoso en condiciones de complejidad requiere modificar el papel que cumplen tanto el Gobierno como el sector privado, y construir un nuevo tejido institucional en el país.