La Superintendencia de Salud ha informado que han seguido aumentando las solicitudes de licencias médicas durante 2013 en el sistema de isapres, con una concentración importante en tres clases de enfermedades: respiratorias, mentales y osteomusculares. Con los antecedentes de las últimas décadas, puede esperarse que en el caso del Fonasa los aumentos sean aun mayores. El gasto total por este concepto creció en cerca de 18% de un año a otro, sin motivos sanitarios que puedan explicar esta situación. Las isapres terminaron pagando en 2013 una cantidad superior a 450 millones de dólares por subsidio de incapacidad laboral.

En el subgrupo de enfermedades mentales, que suelen inquietar a los aseguradores porque no existen métodos para objetivar la mayoría de ellas, ni tampoco cabe ordenar el reposo del paciente, el aumento es muy significativo, pues superó el 26% entre un año y el siguiente. Los episodios depresivos, habría que concluir, son la enfermedad más común en Chile, alcanzando a registrarse 116 mil el año pasado entre el millón 600 mil cotizantes del sistema, lo que implica que algo más del 7% de esa población sufre un episodio por año. De ser así en toda la población, nuestro país ocuparía el primer lugar del ranking mundial en incidencia de depresión, superando levemente a EE.UU., que hasta ahora lo encabeza.

Las enfermedades osteomusculares, cuyo aumento de 15,8% tampoco encuentra explicación, plantean otros problemas. La mayor parte de esta clase de malestares se debe a causas laborales, pero en Chile se sigue cobrando a las isapres y al Fonasa lo que les correspondería pagar a las mutualidades de empleadores, pues se trata de enfermedades profesionales. No existe un sistema objetivo que permita distinguir unos males de otros, pero en todo el mundo comienza a imponerse que el diferencial de las tasas de incidencia entre quienes desempeñan un determinado trabajo y la población general debiera ser el criterio para definir qué es una enfermedad relacionada con el trabajo y, por tanto, esas licencias no debieran quedar en manos de las instituciones de salud general. La explicación que ha ofrecido el superintendente de Salud para el aumento de dolencias osteomusculares tiende a reforzar la idea de que en muchos casos se trata de enfermedades laborales.

Pero también se presta para discusiones el sistema actual, porque la ley les otorga a las isapres un doble papel, el de ser juez y parte al evaluar la justificación de un permiso. El año pasado, rechazaron el 23% de las licencias que se les presentaron, lo que crea un grado de desconfianza entre algunos usuarios. La justificación para esta norma tiene un carácter histórico, ya que al iniciarse el sistema de licencias, mucho antes de que existieran las isapres, se resolvió que para controlar mejor los escasos dineros de que se disponía, la propia organización de salud debía ser la encargada de financiarlas. En la práctica, en los últimos años esto ha significado aumentos de gastos tan altos en el Fonasa y tensiones tan graves en las isapres que pareciera conveniente crear una nueva institucionalidad que se encargue solo de asegurar los ingresos de los enfermos, sin interferir con los presupuestos de salud. Hace algún tiempo se presentó una propuesta completa que separaba la administración de los subsidios por enfermedad de la administración de salud. En manos de compañías aseguradoras, debidamente reguladas y supervisadas por una autoridad que efectivamente controle a ambos sectores -el de los médicos que certifican las enfermedades y el de las instituciones que las pagan-, debería funcionar mucho mejor.