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Editorial
Viernes 01 de agosto de 2014
Donaciones, la gran vía pendiente
El texto propuesto admitirá perfeccionamientos en su discusión parlamentaria, pero a todo evento debería asignarse a su despacho la prioridad que merece. La positiva experiencia sobre donaciones reunida por casi ya un cuarto de siglo debe continuar traduciéndose en nuevos avances...
Las dificultades económicas que aquejan a los países europeos han afectado severamente sus asignaciones estatales directas para el resguardo de su inmenso patrimonio cultural. Italia, consciente del valor de preservarlo, se ha dado una normativa por la cual las empresas que asuman mecenazgo pueden descontar de impuestos hasta el 65% de cuanto gasten con ese fin. Así, por ejemplo, una firma está restaurando nada menos que el Coliseo; otra, la escalinata del Campidoglio; otra, la Fontana di Trevi; otra, los tapices del Palazzo Vecchio; otra, el puente Rialto, en una lista que sigue ampliándose.
Chile debería seguir este ejemplo, y tiene hoy una oportunidad real de hacerlo. En las postrimerías de su mandato, el gobierno pasado envió al Congreso un proyecto de ley única de donaciones, que reemplazaría y unificaría a los más de 90 cuerpos legales actuales en estas materias -culturales, sociales (pobreza, discapacidad y otros), deportivos, educacionales, universitarios-.
La proliferación de tales normativas es expresión de un paulatino y positivo cambio de mentalidad: desde la "Ley Valdés" sobre donaciones culturales, de 1990, los sucesivos gobiernos han venido constantemente buscando fomentar el desarrollo de variadas áreas de especial interés social, por la vía de estimular el aporte privado a las mismas. Al otorgar incentivos tributarios para ello, el Estado renuncia a percibir cierto porcentaje de los impuestos y orienta esos recursos, por intermedio de los particulares, hacia los objetivos que estima socialmente deseables. Es una fórmula inobjetablemente democrática y descentralizadora, que se aleja del peligro de dirigismo. Esto es en particular evidente en el ámbito de la cultura, pero conceptualmente aplicable a todas las demás áreas que la ley califique como susceptibles de ser beneficiadas por este sistema. Y es beneficioso para todos, pues las instituciones, instancias y personas que aspiran a financiar ciertas actividades valiosas deben probar la valía de las mismas ante los donantes potenciales y los organismos calificadores correspondientes, sin depender del solo juicio del poder de turno ni de las contingencias y rigideces del presupuesto fiscal. Tal mecanismo tiene antigua trayectoria en los países avanzados, e históricamente puede entenderse como un progresivo reemplazo del "mecenazgo del príncipe" -sucedido luego por el subsidio estatal- por un esquema de participación ciudadana.
Pero esa misma proliferación de normativas puede terminar anulando en buena medida los efectos de este positivo cambio, pues puede desorientar e inhibir al potencial donante. De allí la conveniencia de una unificación más sencilla, que resulte funcional.
El proyecto referido, elaborado con criterio suprapartidista en coordinación con diversos ministerios y la sociedad civil, recoge numerosos aspectos que se han postulado repetidamente como necesarios desde 1990. Así, por ejemplo, para los contribuyentes del impuesto de primera categoría se aumenta el límite máximo para las donaciones al 10% de la renta líquida imponible. Se agregan sectores hoy no contemplados, como la promoción de la salud, el cuidado del medio ambiente y actividades relacionadas con el culto religioso. Para las instituciones que reciben las donaciones se propone la exención del impuesto a las herencias y donaciones, que actualmente rige. La donación puede ser efectuada por una persona en vida, y el crédito seguirá válido para sus asignatarios, tras morir el donante. Aquellas en especie no estarán afectas a IVA, y los contribuyentes podrán descontar este impuesto si se adquirieron bienes o servicios necesarios para concretar la donación -lo cual puede favorecer significativamente a los museos del país-.
Naturalmente, el Estado se reserva una instancia de control para evitar eventuales abusos, en la forma de un consejo dependiente del Ministerio de Hacienda.
El texto propuesto admitirá perfeccionamientos en su discusión parlamentaria, pero a todo evento debería asignarse a su despacho la prioridad que merece. La positiva experiencia sobre donaciones reunida por casi ya un cuarto de siglo debe continuar traduciéndose en nuevos avances.