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Editorial
Jueves 31 de julio de 2014
Amnistía a inmigrantes, solución incompleta
Junto con una política de fronteras abiertas para la inmigración, se debe también asumir la necesidad de controlar las mismas para evitar el ingreso indeseable de delincuentes, particularmente considerando las amenazas del narcotráfico que prevalece en la región...
La solicitud de un número considerable de diputados para conceder amnistía a inmigrantes ilegales es una demostración de la positiva acogida y, también, del negativo anacronismo y del simplismo con que Chile enfrenta la inmigración. Esta sería la tercera amnistía de esta categoría sin ir al fondo, legislando un marco moderno para las políticas migratorias.
En este caso se trata de alrededor de 4.000 haitianos que permanecen ilegalmente en nuestro país y que deben enfrentar dificultades y riesgos de abusos debido a sus niveles de pobreza, escasa calificación laboral y problemas idiomáticos. Aunque la regularización administrativa sea necesaria, es una solución puntual e incompleta: elude la necesidad de legislar una institucionalidad que permita proporcionar adecuada asistencia a familias de inmigrantes vulnerables y, especialmente, disponer de legislación y políticas públicas modernas, destinadas a capitalizar los beneficios de la inmigración en beneficio de los intereses nacionales. En esta materia seguimos entrampados entre la ignorancia del positivo potencial de la inmigración y la incapacidad de legislar para aprovecharlo.
Chile cuenta con la legislación migratoria más antigua de América Latina. Se caracteriza por la flexibilidad de conceder amnistías administrativas y, asimismo, por el proteccionismo y la rigidez en el otorgamiento de visas, que no contemplan permisos temporales de trabajo ni estímulos para visas de emprendedores, académicos, técnicos y profesionales, que pueden contribuir a solucionar las deficiencias del mercado laboral y de la demografía chilena.
En las últimas décadas se avanzó resueltamente en la protección de los derechos de los inmigrantes. Igualmente importante es la razonable acogida que se brinda a los extranjeros. Así lo demuestran las encuestas nacionales sobre tolerancia a su presencia en el país, que contrasta con las presiones restrictivas en otras naciones, provenientes de grupos y partidos políticos con tendencias xenófobas y racistas. Estos ignoran que la disciplina, los conocimientos y la juventud de los migrantes son aportes valiosos para el desarrollo, y que ellos suelen registrar condiciones de educación muy por encima del promedio nacional. En el caso chileno, además podrían constituir un factor para mejorar la productividad y el crecimiento económico, que a mediano plazo se verán amagados por la fuerte declinación de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población.
Junto con una política de fronteras abiertas para la inmigración, se debe también asumir la necesidad de controlar las mismas para evitar el ingreso indeseable de delincuentes, particularmente considerando las amenazas del narcotráfico que prevalece en la región. Lo mismo vale para los derechos de los inmigrantes -respecto de promoverlos y protegerlos- y, a la vez, garantizar el orden y la seguridad de la población, exigiéndoles el cumplimiento de sus obligaciones de respetar la ley y, en caso de transgresión por delitos graves, sujetándose al debido proceso, ratificando claramente la facultad de expulsarlos de manera expedita.
La iniciativa de los parlamentarios para regularizar la residencia de inmigrantes haitianos debería conducir a la insoslayable necesidad de legislar sin más dilaciones un nuevo estatuto migratorio. El gobierno anterior presentó una reforma migratoria integral, que está lamentablemente entrampada en el Congreso. Las nuevas autoridades, por medio del subsecretario del Interior, han anunciado interés en abordar el problema migratorio. Estos tres elementos crean una oportunidad única para debatir y aprobar un nuevo estatuto migratorio.