El directorio de Codelco podría decidir pronto el nombre de su nuevo director ejecutivo, un tema principal en las últimas semanas, desde la salida del anterior, Thomas Keller. Quienquiera sea el sucesor, una prioridad que habrá de atender es la capitalización del ente estatal. El Ministerio de Hacienda ha anunciado que la proveerá solo hasta 2017, esto es, para el período de la actual Presidenta. El sindicato de Codelco ha amenazado con paros si no se entrega financiamiento de más largo plazo, pero el ministerio plantea que sus obligaciones de capitalización solo pueden abarcar un gobierno, y que de otra forma se reducen los incentivos para efectuar medidas pro eficiencia. En todo caso, son recursos cuantiosos, equivalentes a más de 2.000 millones de dólares en cuatro años.

Codelco ha invertido en los últimos años mucho menos que las empresas cupreras privadas: mientras estas reinvierten un porcentaje elevado de sus utilidades, Codelco debe entregarlas al Estado, que luego le asigna pequeñas sumas para inversión, y debe endeudarse por el resto. La empresa ha alcanzado sus límites de endeudamiento o está cerca de hacerlo, por lo que sin una capitalización significativa no podrá desarrollar sus proyectos mayores: Chuquicamata subterránea, Andina y El Teniente.

Según el presidente de la empresa, los proyectos de la estatal son rentables y permitirían mantener yacimientos cuya vida útil está terminando, lo que obligará a cerrar faenas. Sin embargo, una mirada más cuidadosa muestra que esa empresa, en la práctica, está controlada por sus trabajadores, con elevados costos laborales, sin posibilidad de despidos necesarios ni cierre de yacimientos agotados (como Salvador), y cabe preguntarse si las nuevas inversiones corresponden a proyectos rentables o solo a proyectos destinados a mantener trabajadores y empleados cuyas remuneraciones, incluyendo beneficios, son altísimas. En esas condiciones, el único factor que puede controlar la empresa es la restricción de sus recursos libres. ¿Qué ocurriría si el Estado entregara los recursos que ella solicita, sin plazo y sin antes exigir la racionalización de ciertas prerrogativas laborales, para poder manejarla de modo más cercano a una empresa normal? Bien advierte Hacienda que "no es llegar y entregar dinero así como así. Debe estar vinculado a una reducción de costos y a niveles de productividad".

¿Significa esto que Codelco no tiene futuro? Sí lo tiene: dispone de recursos para los próximos cuatro años y, además, hay otras opciones. Primero, reducir sus costos, por muy doloroso que esto pueda ser para sus sindicatos. Esto podría significar perder privilegios tales como que trabajadores enfermos viajen a atenderse a una clínica privada en Santiago, acompañados por un familiar al que también se le pagan los gastos de traslado y estada. O que solo familiares de trabajadores puedan postular a sus apetecidos puestos, constituyendo una cerrada aristocracia laboral.

Codelco es una empresa con proyectos productivos, pero está siendo asfixiada por sus sindicatos. El diseño corporativo con un directorio de especialistas, que se pensó para resolver este problema, no ha dado resultados y corre el riesgo de apartarse de sus directrices técnicas. Siendo así, parece razonable la reticencia de Hacienda.

Una opción es recurrir a una capitalización por privados, vendiendo una fracción de la empresa, como lo ha hecho México con Pemex. Ellos aportarían el capital que requiere Codelco, y los nuevos accionistas podrían fortalecer al directorio frente a los sindicatos, reduciendo la coerción política sobre el directorio y la gerencia, y aliviando las presiones que sufre Hacienda respecto de recursos que, en teoría, pertenecen a todos los chilenos, y no a los sindicatos de la estatal.