El Gobierno parece estar más cerca de asumir o tomar mejor conciencia de las críticas fundadas al rumbo de su reforma educacional y que se extienden también al ministro encargado de llevarla adelante. Un programa fija los lineamientos y las aspiraciones de una administración, pero no puede maniatar su gestión. Esta debe hacerse cargo de los matices y las aprensiones de la población respecto de las formas específicas de implementar esos criterios generales.

En materia educacional se ha venido produciendo un distanciamiento entre el Gobierno y la ciudadanía. Las críticas no son solo de un sector específico, sino transversales. Es más, diputados y senadores oficialistas, aunque han sido prudentes al no cuestionar los planteamientos del principal proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Congreso, han planteado flexibilidades que lo morigeran. Así, por ejemplo, se habla de lucro como ganancias excesivas, se proponen mecanismos de admisión más flexibles y se sugieren plazos más prolongados para terminar con el financiamiento compartido. Ayer, en Icare, el ministro Eyzaguirre incluso planteó que es intención del Gobierno reemplazar todos los recursos que aportan los padres al financiamiento compartido -algo que el proyecto en discusión no prevé-.

Esta mayor flexibilidad resulta positiva, sobre todo porque es ampliamente compartido el objetivo último que planteó el ministro en Icare, cual es que la correlación entre nivel socioeconómico y logros educacionales desaparezca o, al menos, se reduzca a niveles parecidos a los que se observan en países con sistemas educacionales eficaces. Las diferencias están más bien en cuáles son los instrumentos más conducentes a ese fin. A su vez, eso se explica en gran medida por diferencias en los diagnósticos de los problemas actuales de la educación, o de la importancia relativa de cada uno de ellos. Posiblemente aquí están las mayores diferencias entre expertos, y también el origen del distanciamiento entre la reforma gubernamental y la opinión pública, que cada vez es más crítica de la actuación del Ejecutivo en este campo.

El oficialismo tampoco tiene una posición monolítica en torno a políticas específicas, pero el realismo político ha llevado a la mayoría de los congresales a repensar sus posturas, en un proceso que aún no termina de decantar. Es evidente, además, que el Gobierno ha sentido la presión de los estudiantes. Estos ensombrecieron en sus inicios la primera administración de la Presidenta Bachelet y, al parecer, el temor a repetir ese cuadro le resta autonomía y flexibilidad a la actual gestión. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría entonces, y también en la administración Piñera, la ciudadanía parece estar alejándose del movimiento estudiantil, tras advertir el efecto de las políticas específicas que este promueve y que el Gobierno recoge en buena medida.

Mantener un equilibrio razonable entre una inflexible postura "principista" de sectores que respaldan al actual gobierno y la de la población llena de matices e incertidumbres, no es tarea fácil. En una materia tan sensible como educación, más importante que satisfacer un planteamiento ideológico de corto efecto e impacto dudoso, aunque eventualmente muy costoso, es abrirse a acuerdos amplios que les den estabilidad a las reformas, que signifiquen su implementación gradual y que den cuenta de las particularidades que ha acogido nuestro sistema educacional hace mucho tiempo. La gran clase media, que lejos de ser uniforme es fragmentada y diversa, indudablemente aspira a cambios en educación, pero también a una estabilidad razonable. El Gobierno solo recuperará la confianza en su reforma educacional si logra armonizar ambos valores.