Más allá de la confusión y las aclaraciones tras los conceptos vertidos por el ministro Eyzaguirre sobre la posibilidad de financiar con recursos generales solo cuatro años de educación superior, no cabe duda de que la duración de las carreras es asunto que requiere discutirse. En Chile, el primer título lo obtienen los estudiantes universitarios después de más de seis años en sus casas de estudio, mientras para el promedio de los países de la OCDE este período apenas supera los cuatro años. Tal tendencia se ha acelerado después del acuerdo de Bolonia, en 1988. Todos los países europeos, aunque con ritmos distintos, han estado incorporándose a esta iniciativa, y algunos ya están entregando el primer grado universitario después de una formación de tres años. Esto tiene sentido en un mundo muy cambiante y que requiere en algunos campos una formación continua.

Se argumenta que los estudiantes en Chile llegan mal preparados, pero no hay mayores diferencias en la duración de las carreras entre las universidades más y menos selectivas. Además, el promedio efectivo es aún más prolongado, lo que no se observa en otros países, donde los tiempos anunciados se cumplen. Las buenas instituciones de educación superior entienden que entre sus responsabilidades está el asegurar un egreso oportuno de sus estudiantes. También entienden que deben evitar en la medida de lo posible deserciones tempranas, por los costos que eso significa, y han adaptado sus programas y apoyos a los estudiantes para lograr este objetivo. En nuestro país tampoco hay avances efectivos en esta materia, salvo en algunas experiencias aisladas.

También se argumenta en Chile que, a diferencia de otros lugares, aquí las instituciones entregan títulos profesionales, pero en verdad hacen muy poco por explorar si en realidad es un aporte al respecto la formación que están entregando. La experiencia de los empleadores parece ser que ella se adquiere más bien en el lugar de trabajo. Por eso, los argumentos que ofrecen las universidades para explicar el prolongado tiempo de los jóvenes en sus aulas son muy débiles. Sin embargo, es alta la carga económica que esto significa para los estudiantes, sus familias y el Estado. Los ciudadanos terminan así financiando una experiencia docente innecesaria, muchas veces repetitiva e ineficiente. Seguramente los recursos así obtenidos se traspasan a otras actividades que no corresponde sean financiadas directamente por las familias.

En esto se debe exigir más a los planteles de educación superior, para asegurar que los programas que ofrecen sean pertinentes, tengan una duración y deserción razonables y no sean usados para financiar bienes públicos que no procede costear con impuestos generales, u otras actividades de dudoso interés común. Urge rediseñar los instrumentos de apoyo a los estudiantes y a las instituciones, de modo que ellas incorporen estas exigencias.