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Cartas
Domingo 27 de julio de 2014
Financiamiento a universidades I
Señor Director:
¿Qué justifica otorgar un trato preferencial a las universidades estatales en el financiamiento público? ¿Qué bienes sociales son de su exclusividad solo por su origen estatal? El viejo argumento de que ellas son las auténticas depositarias de lo público en el sentido de interés por lo colectivo o por el bien común no se sostiene en el caso chileno.
Las universidades no estatales del CRUCh, llamadas del grupo G9, reciben a una población similar de estudiantes socialmente vulnerables y un aporte equivalente de ayudas estudiantiles, un millón de pesos por estudiante. Reciben algo menos de AFD por alumno, $555 mil frente a $ 578 mil de las estatales, y superan a estas últimas en la captación de fondos concursables de Conicyt para investigación. El resultado, su productividad científica, es superior.
De acuerdo al índice Scimago, y pese a contar con un 12% menos de académicos, en los últimos cinco años exhibieron un 6% más de publicaciones en revistas científicas de corriente principal y un mayor porcentaje de publicaciones de alto impacto. También muestran un mayor índice de patentes de invención. Además tienen un 60% de los alumnos de doctorado.
El ministro Eyzaguirre ha dicho que desde el punto de vista de la investigación las universidades no son iguales. Tiene razón. Las hay solo docentes y otras cuya vocación pública por generar nuevo conocimiento útil para el país es el leitmotiv de su actividad académica. Y esa vocación no es monopolio de lo estatal. La evidencia en Chile es demasiado contundente.
Carlos Williamson
Investigador Clapes