El protocolo suscrito por el Gobierno, sus partidos y la oposición en torno a la reforma tributaria ha sido bien recibido por la ciudadanía, la prensa internacional y los mercados. En el vacío ha caído la absurda pretensión de algunos de hacer de los detalles protocolares de la negociación motivo de escándalo. El hecho de que un gobierno ampliamente mayoritario procure legislar con apoyo transversal es una muy buena señal. El contenido del acuerdo mejora ostensiblemente la reforma tributaria aprobada en la Cámara.

El entendimiento técnico y político alcanzado a partir del trabajo de la comisión de Hacienda del Senado no implica que súbitamente haya surgido entre la Alianza y la Nueva Mayoría un consenso sobre las ventajas de aumentar el gasto público y los impuestos. El acuerdo consiste tan solo en un pacto sobre cómo financiar el programa de gobierno, procurando afectar lo menos posible la marcha de la economía y el nivel de vida de la clase media. Como corresponde en una democracia, su contenido habrá de ser refrendado luego por el Congreso, una vez que el Ejecutivo presente las correspondientes indicaciones al proyecto de ley. Desde luego, el uso de los recursos aprobados está también supeditado a una futura aprobación parlamentaria.

La apertura del Gobierno al diálogo y la negociación fue impulsada por la creciente impopularidad de la reforma —como hicieron notar los movimientos sociales a que dio lugar— y por el marcado deterioro del clima económico interno, afectado en parte por el desaliento empresarial causado por la iniciativa. El acuerdo, si bien no logró que las autoridades se allanaran a moderar el excesivo aumento de impuestos que se propone, incorpora una forma de tributación para las empresas, sin FUT ni renta atribuida, que estimula su ahorro e inversión como en general se hace en los países de la OCDE.

Al Gobierno le corresponde ahora plasmar fielmente el contenido del acuerdo en una nueva versión del proyecto de ley. Al respecto, cabe advertir que algunos de quienes embarcaron a la Presidenta Bachelet en el descaminado proyecto original, a propósito de cerrar fuentes de elusión, vuelven a promover propuestas que no se estilan en ningún país OCDE y que desvirtuarían el acuerdo. Como, por ejemplo, imponer limitaciones de destino o duración respecto de la inversión de las utilidades retenidas por las empresas. El país está pagando caro el costo de las iniciativas irresponsables: porque hundieron las expectativas, el primer año de gobierno de la Nueva Mayoría se estima terminará con un crecimiento bajo el 3%, un desempleo en alza, una inflación cerca del 4% y un déficit fiscal de 2% del PIB. Hay que cumplir lo comprometido en el acuerdo y volver a crecer.