Quejas por el exceso de trámites y lentitud en la atención al público se han expresado por distintas municipalidades y algunos servicios del Estado. En general, se atribuye este problema principalmente a falta de personal. Se subraya que desde 1993 las plantas de trabajadores contratados en los municipios no han tenido aumentos, y que lo mismo ha ocurrido en otros organismos del Estado. Como ejemplos se señalan especialmente al Registro Civil, a la Municipalidad de Maipú y al Servicio de Extranjería del Ministerio del Interior. En este último caso se representa que el número de diligencias relacionadas con inmigraciones de extranjeros en el país ha crecido de 46.000 en 2000 a 231.000 en 2010, lo que se traduce en largas filas de inmigrantes que esperan ser atendidos por los funcionarios de Extranjería, en pleno centro de Santiago. Como explicación se hace presente que la dotación de funcionarios en los últimos cinco años aumentó solo de 94 a 149 empleados.

Similar situación se da en las oficinas del Registro Civil y diversas oficinas municipales, especialmente en los departamentos de Tránsito, donde obtener o renovar una licencia de conducir es diligencia que demanda mucho tiempo y paciencia. Razones de presupuesto, de gestión, de infraestructura y sobre todo de personal se invocan para justificarlo. En 2003 el Registro Civil tenía 2.612 trabajadores, que gestionaron 29 millones de trámites; 10 años después, con solo 63 funcionarios más, debió abordar 43 millones de atenciones. Por su parte, la Municipalidad de Maipú, comuna cuya población ha crecido casi 150% en los últimos 22 años, debe atender con la misma planta funcionaria.

Sin embargo, las explicaciones invocadas para el insuficiente o deficiente servicio a los ciudadanos resultan solo parcialmente válidas. Es efectivo que, ante mayor población y mayores requerimientos, la misma dotación de otrora no puede cumplir de modo aceptable. Pero, ¿son indispensables todos los trámites que exigen las normativas legales, municipales y administrativas? Exceptuando el caso de "Chile Atiende", durante el gobierno pasado, no se sabe de ningún esfuerzo sistemático y técnicamente fundado que busque racionalizar la fronda de exigencias a menudo prescindibles o inútiles. Tampoco la metodología de atención muestra visos de haberse modernizado al ritmo de los tiempos. Internet y otras tecnologías electrónicas, aplicadas con criterio de elevar la calidad del servicio al público, deberían permitir ahorros sustanciales de tiempo, recursos e incluso personal. Las ciencias de la administración contemporánea, en constante avance y aplicadas con éxito en incontables empresas privadas, permanecen básicamente ajenas a la gestión de los servicios estatales.

La solución al malestar de los usuarios y al entendible agobio de los funcionarios no radica en meros aumentos periódicos de presupuesto y plantas. Se requiere una reingeniería modernizadora de toda la administración pública, que la ponga al día con el siglo XXI.