Al anunciar la comisión que evaluará la Prueba Simce y el Plan Nacional de Evaluaciones para después de 2015 (el actual fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación y rige hasta ese año), se informó también que se posterga en un año la entrada en vigencia de la ordenación de establecimientos educacionales. Cabe recordar que la nueva Ley General de Educación creó una nueva institucionalidad aseguradora de la calidad en la educación escolar, que contempla dos instituciones fundamentales. Por un lado, la Superintendencia de Educación Escolar, responsable de fiscalizar que los colegios cumplan la normativa vigente, lo que incluye transparencia en sus estados financieros. Por otro, la Agencia de Calidad, cuyo objetivo principal es evaluar comprensivamente a los colegios. Para esto debe visitarlos y emitir un informe que dé cuenta de su marcha, lo que permite al establecimiento desarrollar un plan de mejoramiento. Una institución similar existe en la mayoría de los países con buenos desempeños educativos, y su creación fue una de las pocas propuestas que concitó acuerdo transversal en la Comisión Asesora Presidencial para una Educación de Calidad que en 2006 convocó la Presidenta Bachelet, durante su primera administración.

Para guiar la acción de esta Agencia y definir prioridades, se estableció la necesidad de ordenar a los colegios. Y para tal proceso, la ley -aprobada por clara mayoría en el Congreso- estableció criterios que si bien incluyen en forma importante al Simce, amplían el concepto de calidad a otros aspectos del desarrollo personal y social de los estudiantes. Para determinar dicha ordenación, se definió una metodología que cumpliera con la nueva normativa legal y, por tanto, lograse controlar por las características sociales de los estudiantes, distinguiéndolas de aquellas que se pueden atribuir al desempeño del establecimiento. Esta metodología, largamente trabajada por un equipo técnico, fue presentada por la Agencia de Calidad al Consejo Nacional de Educación, institución autónoma que, tras consultar a expertos y pedir algunas modificaciones, la aprobó.

No se entiende, por tanto, la decisión de postergar la puesta en vigencia de este proceso, y tanto menos cuanto que había una marcha blanca que parece tener buena evaluación y que, además, los colegios estarían valorando, por su utilidad para el desarrollo de sus proyectos educativos. La principal debilidad de nuestro sistema es la gran dispersión de logros de aprendizaje que presentan colegios que tienen estudiantes muy similares entre sí. Si esas brechas se redujesen, se podrían alcanzar progresos importantes en educación. Para eso se requiere una estrategia inteligente de apoyo y, para brindarlo, precisamente el funcionamiento de la Agencia de Calidad significa una oportunidad que el país no ha tenido antes.

Queda la impresión de que no existe el sentido de urgencia para avanzar hacia una educación de calidad. Se atrasa y, por tanto, se desperdicia un instrumento que en otros países ha demostrado ser importante en el apoyo a los establecimientos y en reducir las brechas entre colegios que educan a niños y jóvenes de condición socioeconómica similar. Si bien el Simce es un instrumento que causa controversia y hay sectores que quieren cambiarlo, es difícil pensar que las modificaciones que puedan introducírsele hagan necesario postergar la ordenación y las acciones que la Agencia va a emprender. En particular, los colegios que con la metodología actual requieren de apoyo urgente van a seguir necesitándolo en el futuro. La Agencia está preparada para esa tarea, y frenar sus acciones no sirve a ningún propósito. El resultado será negar una posible oportunidad a los niños y jóvenes que asisten a esos establecimientos de tener una educación mejor de la que reciben hoy. Es extraño que las autoridades no aprovechen tal oportunidad y prefieran dejarla pasar.