Como una muestra más de las dificultades que enfrentará el intendente de la IX Región, Francisco Huenchumilla, en su esfuerzo por avanzar en soluciones al conflicto mapuche, el recientemente terminado nuevo aeropuerto de Temuco fue objeto de actos vandálicos que dejaron daños en su sistema de luces de aterrizaje y muros rayados con consignas como "Sin tierra no hay vuelo". Tales hechos fueron protagonizados por un grupo de 35 mapuches de la comunidad Fermín Manquilef, y como resultado de ello se debió postergar su inauguración hasta la próxima semana. Por cierto, es un revés para la imagen de la autoridad regional y central, pero el que los daños materiales sean menores -se estiman en unos 3 millones de pesos- sugiere que junto con el ánimo de obstaculizar el desarrollo de estos símbolos de progreso en esa zona, sus autores habrían querido dejar un espacio para "el diálogo" al que ha apelado insistentemente el intendente, pues un atentado de mayor envergadura -que todo indica pudieron haber realizado impunemente- con seguridad habría hecho inviable inaugurar ese aeropuerto en un plazo tan breve como el anunciado.

El conflicto por tierras, que se invoca como causa de este incidente, y el importante esfuerzo del Estado por dotar a esa región de un aeropuerto de primer nivel, cuya inversión superó los 125 millones de dólares, reflejan muy gráficamente los dos polos entre los cuales se desenvuelve la reclamación indígena, por una parte, y la protesta de la ciudadanía afectada, por otra. El presidente de la asociación Ayun Mapu indicó que "el terminal fue construido en territorio indígena y no operará con normalidad hasta que las tierras usurpadas sean devueltas". En contrario, el subsecretario de OO.PP. aseguró que se habían adoptado compensaciones para las comunidades.

La reclamación por tierras, cuyos orígenes derivan de la distinta interpretación que algunas comunidades hacen del derecho que el Estado chileno tenía para establecer su soberanía sobre el territorio nacional, no está, sin embargo, claramente delimitada. No se sabe si corresponde a una determinada cantidad de hectáreas, o si se trata de un territorio, o incluso de toda una región. No se ha aclarado si se busca que las comunidades se hagan cargo de esas tierras o territorios de manera comunitaria en general, o que porciones de estas se entreguen a comunidades específicas, o que se les entreguen lotes más pequeños a las familias, una a una. Tampoco está claro bajo qué régimen legal querrían que ellas quedaran regidas. Así, el Estado enfrenta una reclamación cuya cuantía y naturaleza es indeterminada y que incluso puede ir cambiando con el tiempo. Pero en el siglo XXI la sola posesión de tierras no constituye una vía real para el desarrollo mapuche, porque apenas una proporción muy menor del grupo que invoca esa condición puede vivir de ellas exitosamente, y además requeriría de alta tecnología para hacerlo. A todo evento, el carácter finito de las tierras hace que la demografía, en pocas generaciones, consuma buena parte de lo asignado.

La sociedad del conocimiento y la tecnología asociada a ella imponen nuevas formas de vida que dificultan enormemente la coexistencia de modos de vida tan disímiles como los de una agricultura de subsistencia y los estándares que nuestro país se ha puesto como meta. Los símbolos culturales de ambos modos de vida pueden coexistir perfectamente -el celular y las redes sociales pueden ser utilizados en español y mapudungún, y las tradiciones mapuches pueden ser perpetuadas en el tiempo-, pero sobrevivir en un pequeño trozo de tierra pobremente explotado, mientras el resto de la población hace uso de un aeropuerto moderno, se hace cada vez más difícil. Quienes inflaman el conflicto por tierras y el camino esbozado por el Gobierno deberían considerar también estos aspectos tecnológico-culturales.