L. Ayala, P. Lezaeta y P. Gutiérrez

Un indigente que pernocta habitualmente afuera de la iglesia Santa Ana, ubicada en calle Catedral N° 1515, es el principal testigo de la colocación del artefacto incendiario que a las 00:10 de ayer se activó y quemó la puerta principal de ese recinto.

En el lugar se hallaron panfletos alusivos al procesamiento por terrorismo en España de los anarquistas Francisco Solar y Mónica Caballero, siendo la primera reivindicación de un acto de este tipo a poco más de una semana que estallara una bomba de mayor potencia en el Metro de Santiago.

Solo siete horas después, otro artefacto fue descubierto por la directora de un jardín infantil, en pasaje Almirante Hurtado (entre Carrera y Almirante Latorre). Se trataba de una bomba incendiaria similar a la de la iglesia: un envase plástico con un contenido derivado del petróleo, un sistema de activación eléctrico a través de un "timer", con una batería de 9 volts, dos cilindros de gas propano butano, todo al interior de dos bolsas plásticas de color negro. El GOPE de Carabineros logró neutralizarla y evitar su estallido.

Este último artefacto, que estaba al interior de una mochila, fue colocado cerca de la residencia de un funcionario de un organismo internacional. Ese domicilio, según estimaciones iniciales, pudo haber sido el blanco debido a que allí se estacionan vehículos con patentes diplomáticas.

Causas complejas

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, calificó como "preocupantes" estos actos. En ese sentido sostuvo que es necesario mejorar la legislación y dotar de mayores facultades investigativas a los fiscales. "Hemos propuesto hace varios años que se reformule una serie de actividades o herramientas investigativas para perseguir este tipo de ilícitos, estamos pensando en las facultades de la Ley 20.000", dijo.

Esto será parte de lo que expondrá la autoridad la próxima semana tras ser invitado a la comisión de La Moneda que estudia una propuesta de modificación a la Ley Antiterrorista. El objetivo es dar cuenta de las necesidades actuales de los fiscales para lograr una investigación eficaz. La actual Ley 20.000 les permite a quienes investigan temas del narcotráfico, por ejemplo, infiltrar a un individuo y poder pinchar teléfonos con solo el apodo del sospechoso. Técnicas que permitirían dar con los autores de los bombazos.

La autoridad del Ministerio Público admitió que se trata de indagatorias difíciles, porque "son grupos antisistémicos" organizados. "No son grupos fácilmente detectables, compartimentan la información, tienen labores de contrachequeo de las personas que los están investigando, no tiene una cultura organizacional tan jerárquica ni acentuada, tienden a ser más horizontales y todo esto dificulta", señaló.

Junto con esto sostuvo que sus perspectivas de estos actos no han cambiado, pese a que sea difícil probarlos en el ámbito jurídico. "Claramente poner una bomba en un objetivo civil, en principio, puede ser un delito terrorista".