El proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas, en tramitación parlamentaria desde 2009 y cuya vigencia pondría en práctica el registro nacional de animales -se estima que existen casi cuatro millones de perros y gatos en Chile-, permitiría comenzar a abordar el problema que plantea el abandono de miles de ellos, que deambulan por nuestras ciudades provocando situaciones conflictivas, en algunos casos incluso con graves repercusiones.

Como una medida que se anticipa a dicha legislación, el Gobierno, por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ha anunciado que en el último trimestre de este año comenzará en 40 comunas la implementación de un plan nacional de esterilización de mascotas, que pretende alcanzar a 650 mil perros y gatos en poco más de dos años, especialmente en Valparaíso, Calama y Antofagasta, donde la proporción de animales supera el estándar nacional de uno por cada cinco personas. Se espera que durante agosto se determinen las comunas que cuentan con protocolos de esterilización, infraestructura adecuada y los médicos veterinarios disponibles para la realización del plan anunciado.

Para la ejecución de este programa se ha consultado un presupuesto cercano a 36 millones de dólares hasta 2017, aspirando a que sea una política permanente. El plan estipula que cada comuna firmará un convenio de desempeño, respecto del cual el Gobierno pagará el diferencial que se produzca entre las atenciones garantizadas por el municipio y la meta fijada por la subsecretaría.

Si bien desde 2015 podrán adherir al mismo todas las comunas que lo deseen, surgen interrogantes acerca del ente responsable que supervisará la inversión que deban efectuar los municipios. Por ejemplo, no todos ellos cuentan con los recursos administrativos confiables para administrar los recursos referidos, que son bastante considerables. Además existen otros procedimientos que podrían contribuir al propósito que se persigue. Por tanto, antes de aplicar nuevas normas o medidas administrativas, convendría estudiar con rigor lo aprovechable de la abundante experiencia internacional, que, en general, aborda este problema mediante campañas de educación a la población, regulación fiscalizable, caniles municipales para mantención temporal de animales abandonados y su adopción, eutanasia en casos extremos.

Por ahora, las municipalidades pueden actuar respecto de la tenencia responsable en cuanto se relacione directamente con la seguridad ciudadana, la salud pública, el aseo y el ornato de la comuna y, genéricamente, el bien común de los habitantes. Por cierto, más allá de una medida como la esterilización, es preciso buscar una solución global ante esta materia, muy sensible para la mentalidad contemporánea. Desde esta perspectiva, es un avance que se postule un programa como este, en vez de las campañas de exterminio indiscriminado que algunas voces propugnaban hasta hace pocos años. Algo semejante tendría hoy un costo político insostenible para cualquier autoridad que lo impulsase.