La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ha creado recientemente una comisión cuya tarea será proponer buenas prácticas en materia de protección al consumidor en los ámbitos de institucionalidad, instrumentos y regulación, en concordancia con la experiencia que han desarrollado por décadas naciones líderes en construir escenarios capaces de equilibrar los comportamientos y derechos de personas y empresas.

La comisión sostendrá encuentros semanales y estará conformada por integrantes de alto nivel profesional, lo que da cuenta de que detrás de ella hay una preocupación destacable y un esfuerzo serio en la búsqueda de los objetivos planteados.

Sin embargo, para que esos propósitos realmente se plasmen en resultados tangibles es fundamental que dicha instancia actúe a la luz de la opinión pública y con un presupuesto acorde con sus desafíos. Clave es también que se conozcan los frutos de su desenvolvimiento a través de estudios periódicos e información de buenas prácticas sugeridas a sus asociados. Lamentablemente, en el pasado, la propia Confederación ha creado comisiones de las que -debido a su mal funcionamiento o bajo perfil- no se han conocido conclusiones o propuestas concretas.

La iniciativa de la CPC es digna de destacarse porque en la actualidad es cada vez más evidente la relevancia, validez y necesidad de contar con una política de protección a los consumidores, puesto que la relación entre estos y las empresas está inevitablemente alineada, al depender las compañías totalmente de las preferencias de sus clientes, y, en este sentido, las empresas siempre intentarán satisfacer de la mejor manera esos requerimientos.

La tensión se genera, sin embargo -tal como lo descubrió el padre de la economía moderna, Adam Smith, hace 250 años-, en asimetrías de información entre consumidores y empresas, que pueden repercutir en que estas últimas engañen, abusen o se aprovechen de su posición dominante.

Precisamente por lo anterior se requieren políticas adecuadas y regulación efectiva que impida que los consumidores sean vulnerados en sus derechos. Y es justo en este ámbito donde la comisión de la CPC puede jugar un rol que permita aumentar la confianza de los ciudadanos en los mercados.

Pero pese al aporte que pueden hacer estas propuestas, se debe tener presente que una de las mayores protecciones con las que puede contar el consumidor -que no es excluyente ni con la regulación ni con las buenas prácticas- es la existencia de una competencia lo más desarrollada posible: ello obliga a las empresas a actuar de la forma más adecuada ante el riesgo de caer en descrédito y ser desechadas por sus clientes. En este sentido, es decisivo que el rol de la autoridad no esté enfocado solo a buscar más regulaciones, sino definitivamente orientado hacia acciones que fomenten la competencia. En esto último los gremios como la CPC también tienen un rol importante que jugar.