El debate en educación se ha vuelto confuso, y a ello, sin lugar a dudas, ha contribuido el responsable último de la reforma que se ha propuesto llevar adelante el gobierno actual, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. La última de las confusiones ha surgido a propósito de su propuesta de ofrecer gratuidad para los primeros cuatro años de la educación superior y combinarla luego con un financiamiento con cargo a rentas futuras de los estudiantes. A pesar de que el planteamiento era preciso, el ministro luego aclaró que la propuesta del gobierno de la Presidenta Bachelet apunta a asegurar gratuidad universal y que no debe confundirse con el necesario debate respecto de la duración de las carreras.

El planteamiento inicial del ministro Eyzaguirre, que poco después de conocido generó críticas al interior de la Nueva Mayoría e incluso una aclaración del ministro del Interior, tenía la gran virtud de que permitía acotar los desembolsos futuros en educación superior, toda vez que ellos pueden representar una parte considerable de los recursos que capte la reforma tributaria, y dejar con poco espacio a este y futuros gobiernos para invertir en educación inicial y escolar. La idea de que la única manera de garantizar el derecho a la educación es a través de la gratuidad no se sostiene en la experiencia comparada. Son muchos los países que permiten cobros a los estudiantes; hay otros que han abandonado en el último tiempo la gratuidad total y que, además, permiten un apoyo a los estudiantes por un período limitado. En ninguno de ellos se cree que se está poniendo en riesgo ese derecho.

La reacción a los dichos del ministro y su rectificación posterior demuestran el escaso margen de maniobra que existe al interior de la coalición oficialista para una deliberación que ponga al frente los intereses del país, los que no necesariamente coinciden con la postura de gratuidad total. Más allá de los grandes titulares de un programa de gobierno, es indispensable que se defina una forma específica de implementarlo, donde se pueda analizar un planteamiento como el hecho por el ministro, a menos que solo importen aquellos formulados por organizaciones como las estudiantiles. Si este fuere el caso, se le estaría haciendo un flaco favor a la democracia representativa.

La confusión suscitada por la propuesta comentada y por otras como la compra de infraestructura a los sostenedores que hasta ahora se han organizado como sociedades comerciales es el reflejo de una agenda que parece estar muy alejada de definir una estrategia de largo plazo, con objetivos intermedios, que reconozca los avances y los principales desafíos y defina un adecuado diagnóstico de la realidad actual en educación. Sobre esta materia es interesante constatar que son muchas las voces que de manera insistente repiten que ha habido un retroceso en los desempeños educativos del país. Sin embargo, los indicadores disponibles que provienen de pruebas prestigiosas como PISA y TIMSS muestran no solo avances promedio, sino también reducción en las brechas de desempeño entre estudiantes de distinto origen socioeconómico. Por supuesto, los avances no son lineales, pero no es habitual que ello ocurra en educación y, por tanto, hay que apreciar las grandes tendencias.

Estas mejoras son raramente reconocidas, tal vez porque son incompatibles con la idea, defendida por algunos sectores, de que se requiere un cambio refundacional en educación o con otras que estiman que con el actual sistema educativo es imposible progresar en equidad y calidad. Quizás sea imposible hacer cambios de gran magnitud si no se tiene un diagnóstico catastrófico, pero, al mismo tiempo, si este no es ampliamente compartido, la posibilidad de empujar reformas de ese carácter pierde respaldo en la población y, además, se produce confusión. Y en estas circunstancias, toda agenda transformadora se debilita. No hay que descartar que algo de ello le pueda estar pasando a la reforma educacional del actual gobierno.