Una renovación completa tuvieron los directorios de las empresas públicas con el cambio de gobierno. Algo similar ocurrió en anteriores administraciones. En este último caso, llama la atención la vuelta de figuras políticas a estos cargos directivos, algo que había disminuido significativamente en los dos períodos pasados. En diversos directorios hay también personas de altas competencias técnicas, pero no necesariamente con experiencia empresarial.

La rotación de personas en estos organismos durante la transición de una administración a otra y la inclusión en ellos de un número elevado de figuras políticas es una demostración de las dificultades del Estado chileno para, por una parte, proyectarse más allá del gobierno de turno y, por otra, evitar el cuoteo político. No es evidente cuál es el impacto de esta práctica en la eficiencia de las empresas públicas, pero cabe dudar de que ayude a un desempeño óptimo.

Parece razonable pensar en una política de más largo plazo para las empresas públicas. Esta debe tener al menos dos ingredientes. Por un lado, evaluar si algunas de estas entidades se beneficiarían de la incorporación de capital privado y en qué proporciones, para abordar más efectivamente sus proyectos de inversión, toda vez que es muy difícil que el Estado pueda aportarles grandes recursos, atendido el hecho de que en su cartera tiene una serie de iniciativas en educación, salud y pobreza, entre otras, que suelen ser más rentables socialmente que las inversiones que realizan estas empresas.

Por otro, definir una política de Estado en el nombramiento de los gobiernos corporativos de las empresas públicas. En la actualidad, una parte importante de estos órganos es supervisada por el Sistema de Empresas Públicas, aunque el gobierno superior de este también tiene una exagerada dimensión política. Más apropiado sería darle una mayor autonomía y profesionalización a este gobierno superior, con mecanismos de rendición de cuentas, y encargarle la selección profesional de los representantes del Estado en los directorios de las empresas públicas. Los nombres deberían provenir de un registro similar al que actualmente utilizan las AFP para designar directores en las empresas en las que tienen participación.

Es indudable que en un esquema de estas características las rotaciones con los cambios de gobierno se vuelven innecesarias. Por cierto, eso no significa entera flexibilidad para estas empresas, ya que el Ministerio de Hacienda seguirá teniendo un rol insustituible en las políticas de retiro de dividendos y reinversiones, pero deberá hacerlo de una manera mucho más formal que ayude a la transparencia y al debate público sobre estos asuntos.