Amplio reconocimiento merece la Presidenta Bachelet por su anuncio de impugnar, sin postergaciones, la competencia de la Corte de La Haya sobre la demanda boliviana. La formalización de la impugnación se materializará el próximo martes por nuestros agentes y un equipo jurídico que inspira confianza por su elevada calificación.

El anuncio presidencial da un nuevo giro a este proceso: al fin hemos pasado a la ofensiva. Al Presidente de Bolivia no le ha quedado más que volver a recurrir a las descalificaciones, en circunstancias de que hemos hecho uso de un derecho previsto en el Reglamento de la Corte. Contradictoriamente, ha reaccionado reclamando el supuesto incumplimiento de las facilidades de libre tránsito acordadas con Chile en un tratado cuyos alcances desconoce y que pretende denunciar en virtud de un mandato constitucional unilateral contrario al derecho internacional.

La Jefa de Estado ponderó la opinión de ex presidentes, ex cancilleres, juristas, diplomáticos, parlamentarios y el consejo de sus asesores, en cuanto a que el Pacto de Bogotá de 1948 impide a la Corte pronunciarse sobre "asuntos resueltos por tratados en vigencia en la fecha de celebración de este pacto". Y este es precisamente el caso: Chile y Bolivia establecieron sus límites a perpetuidad por el Tratado de 1904, esto es, con mucha anterioridad a ese pacto.

Que la Corte pretenda intervenir para que Chile ceda territorio soberano a Bolivia es inaceptable, y como bien ha dicho el canciller, semejante transferencia territorial no tiene precedente.

Se pudo haber postergado la impugnación hasta el año próximo, para interponerla en la contramemoria y haberse conocido su desenlace probablemente en otro período presidencial. Sin embargo, en la contramemoria se habría diluido la impugnación y con la demora se habría impedido manifestar a los jueces, desde el comienzo, el rechazo que le merece a Chile su competencia en este juicio. Era además indispensable desenmascarar desde ya la oculta pretensión boliviana de desconocer el Tratado de 1904.

La Presidenta, inspirada únicamente en "la defensa inclaudicable de nuestra integridad territorial y de los intereses nacionales", lo que incluye "la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras", sin cálculos políticos, asumió su responsabilidad de actuar prontamente y no renunció a una instancia procesal. Tomó una decisión acertada en resguardo de una política de Estado.