Convocada por el ex Presidente de la República Ricardo Lagos, una comisión formada por una variada gama de ex ministros, académicos, dirigentes, expertos y empresarios, ha llamado la atención sobre la importancia de abordar cuanto antes los arduos desafíos que enfrenta el sector minero. Para Chile la minería no es solo principal fuente de divisas e ingresos tributarios; es, sobre todo, una poderosa palanca de desarrollo nacional y regional, capaz de atraer grandes inversiones, generar empleos de calidad, movilizar una amplia red de proveedores y, progresivamente, potenciar la innovación tecnológica y empresarial en el país. Basta ver los positivos efectos multiplicadores que se hicieron sentir sobre todo el territorio nacional durante el notable auge de la inversión minera de los últimos años, así como el debilitamiento de la actividad económica que desgraciadamente ha traído consigo su reciente declinación.

Aunque nuestros minerales gozan de buenos precios en el mercado mundial, los desafíos que enfrenta el sector son formidables. Sus costos han crecido enormemente debido al descenso de la ley de los minerales bajo explotación, al encarecimiento de la energía y otros insumos, y al alza continua de las remuneraciones, especialmente aguda por la falta de personal calificado. El fenómeno se aprecia en toda la industria, pero es especialmente crítico en la estatal Codelco, sujeta a limitaciones políticas que le impiden una gestión de sus operaciones e inversiones con la autonomía y competencia que se requieren.

Como lo han hecho ver los voceros del sector, el problema de la pérdida de competitividad minera exige un vasto esfuerzo de inversión, productividad y capacitación. Hay decenas de miles de millones de dólares en proyectos mineros que en principio son rentables, pero están atascados en los intersticios de nuestro proceso de aprobación ambiental o a la espera que se despejen las incógnitas regulatorias que penden sobre insumos tan cruciales como la electricidad y el agua. Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, organismo representativo de las grandes empresas del rubro, ha planteado que son de tal magnitud estos impedimentos, que su oportuna remoción bien podría neutralizar el efecto desfavorable sobre la inversión minera de la tan discutida reforma tributaria en trámite. Pero, por ahora, el panorama que enfrenta el sector es doblemente desalentador, porque agrega a las referidas dificultades para invertir una fuerte alza en la carga tributaria sobre las utilidades reinvertidas.

La comisión aludida llama al Estado a asumir un rol activo en la promoción de soluciones que permitan materializar nuestro gran potencial de inversión y productividad en la minería y su cadena de proveedores, atendiendo las legítimas demandas de cuidado del medio ambiente y pleno respeto de los derechos de las comunidades aledañas a las operaciones mineras. En verdad, es en las políticas públicas en materia de aprobación medioambiental, participación ciudadana, regulación del mercado de la energía y del agua, entre otras materias, que los gobiernos han fallado, uno tras otro. La Presidenta Bachelet ha anunciado planes en materia de competitividad y energía que han despertado esperanzas. En la cena anual del sector energético, celebrada esta semana, tanto ella como el ministro del rubro, Máximo Pacheco, han prometido trabajar activamente para "que las inversiones se hagan". Pero, más allá de los anuncios, hasta ahora la única decisión concreta del Gobierno ha sido desautorizar el principal proyecto hidroeléctrico del país, pese a que contaba con la aprobación previa de la instancia ambiental regional correspondiente. Entretanto, se anuncian cambios en la legislación sobre derechos de agua y en negociación colectiva, que introducen nuevas fuentes de incertidumbre sobre dos aspectos clave de la competitividad minera. El Gobierno debe priorizar objetivos y actuar con sentido de urgencia para que la minería chilena pueda retomar su dinamismo.