Tal vez el mayor activo de la antigua Concertación fue haber logrado establecer un marco de relaciones entre sus miembros que permitía procesar razonablemente las diferencias. Sorprende que sean esos mismos actores y no sus nuevos aliados quienes ahora protagonicen los mayores conflictos dentro de la Nueva Mayoría. La tesis asumida por una parte de la izquierda, en cuanto a que el triunfo de Michelle Bachelet en las primarias de 2013 significó el derecho de quienes entonces la apoyaron para imponer todos y cada uno de sus planteamientos según sus miradas e instrumentos particulares, parece estar afectando gravemente la convivencia entre las fuerzas oficialistas. Solo así se entiende el bullying político sufrido por el presidente de la DC por el solo hecho de negarse a votar un proyecto sobre educación parvularia sin escuchar antes a los actores del sector. Asimismo, sus críticas a un aspecto de la reforma educacional perfectamente discutible y que ni siquiera fue parte del programa presidencial (la compra de colegios por el Estado) provocaron el irritado rechazo de sus aliados, al tiempo que no logran ser atendidas las demandas de quienes piden corregir artículos de la reforma tributaria de dudosa constitucionalidad.

Puede haber en todos estos episodios manifestaciones de impericia política por parte de algunas autoridades. Pero la virulencia que por momentos adquieren estos debates parece dar razón a la inquietud expresada por uno de los líderes tradicionales de la DC, Gutenberg Martínez, en cuanto a que sectores del ala izquierda de la coalición estén pretendiendo imponer una hegemonía sobre la Democracia Cristiana, por estimar a esta un actor minoritario: una visión resumida en la llamada "tesis Rossi", según la cual la DC sería hoy un permanente "problema" para los afanes de sus aliados.

Sorprende que los antiguos aliados de la Concertación, y no sus nuevos socios, protagonicen los mayores conflictos dentro de la Nueva Mayoría.

Fracaso total en La Araucanía

Un año y medio después del horrendo homicidio del matrimonio Luchsinger McKay, las expectativas de que ese hecho marcara un punto de inflexión en el llamado conflicto mapuche han terminado de frustrarse. El ataque incendiario al fundo de otro de los miembros de esa familia es triste corolario para 17 meses que han desnudado la incapacidad de las instituciones del Estado para perseguir y sancionar a los responsables de la violencia, y establecer condiciones que permitan la vigencia efectiva del Estado de Derecho en La Araucanía.

Es importante el que haya una persona condenada por el atroz crimen de enero de 2013, pero no cabe olvidar que su captura fue circunstancial -se le encontró herido en las inmediaciones del lugar- y no el fruto de un trabajo de investigación certero. De hecho, los organismos policiales y la fiscalía han fracasado en identificar a los demás involucrados, pese a existir evidencia de que el condenado no actuó solo, y a que las autoridades a cargo del Ministerio del Interior en el anterior gobierno anunciaron reiteradamente "avances serios y rigurosos", que permitirían la aprehensión de esos otros responsables. Nada de ello ha ocurrido hasta ahora. En cambio, la sentencia que determinó la culpabilidad de Celestino Córdova, si bien aplicó a este una pena de relativa severidad, mostró también incongruencias evidentes en la calificación de los hechos, negándose a reconocer el carácter terrorista de un ataque cuyo móvil fue el amedrentamiento, del que ahora esa misma familia ha vuelto a ser víctima.

Una estrategia peligrosa

El cambio de autoridades ha significado una nueva política para enfrentar la situación. El intendente regional ha sido especialmente activo en buscar el diálogo con las comunidades mapuches e incluso con los involucrados en la violencia, llegando al punto de visitar en la cárcel al referido Celestino Córdova y calificarlo como "una persona emblemática", aunque, asimismo, reconoce la responsabilidad del Estado para con la familia víctima. Una encuesta recientemente efectuada en zonas urbanas de La Araucanía y publicada por este diario mostró el desconcierto que algunas de esas acciones suscitan en una ciudadanía que, sin embargo, a la luz de la calificación que le otorga a esta autoridad, parece tener alguna esperanza de que esa política, confusa en sus señales y alcances, contribuya a resolver un problema que las mismas personas estiman perdurará por largo tiempo. Hechos como el atentado de esta semana y otros ocurridos en los últimos meses no solo cuestionan la eficacia de la estrategia, sino que plantean el riesgo de que ella, lejos del propósito de su impulsor, termine contribuyendo a dar un aura de legitimidad a actos criminales repudiables.

Es urgente la necesidad de atender situaciones como la angustiante pobreza en que viven habitantes de La Araucanía, y en particular descendientes de la etnia mapuche, así como reconocer la identidad de estos por medio de políticas que incentiven su plena expresión. Nada de eso puede significar, sin embargo, obviar el más apremiante de los problemas, cual es la vulneración del Estado de Derecho. Por cierto, la decisión del Gobierno de no recurrir a la Ley Antiterrorista para perseguir los actos de violencia que se produzcan en este contexto agudiza dicha situación, pues supone que una misma normativa, plenamente vigente, no ha de ser igualmente aplicada a todos los ciudadanos del país. Con todo, la recurrencia de las acciones extremistas y la incapacidad de las autoridades para ponerles freno muestran que, en la práctica, incluso la vigencia de la ley común se encuentra en grave duda en esa zona.