La percepción de que la educación chilena estaba en crisis y las expectativas desmedidas respecto de los cambios sociales que se pueden lograr mediante la educación han creado una demanda por una reforma educacional ambiciosa, pero con metas cada vez más difusas. La única posibilidad es ir acotándola con un liderazgo que precise sus alcances, defina las transformaciones apropiadas y tenga claro el foco final de las modificaciones. El Gobierno está acercándose a los 100 días de mandato, pero está aún lejos de articular con claridad su reforma, pese a que las cinco prioridades definidas para este período debieran haber arrojado luz sobre ese propósito. Particularmente, la primera tarea era enviar un proyecto de ley para una "Gran reforma educacional". Hasta ahora la autoridad no ha podido explicar cómo el proyecto que termina con el lucro, el financiamiento compartido y la selección lograría concretar esa aspiración. Asimismo, resultaron muy imprecisos los anuncios sobre las primeras salas cuna que se construirán para elevar la cobertura en la primera infancia y el programa para asegurar el acceso de los jóvenes más vulnerables a la educación superior.

Es razonable, pues, que los distintos actores educacionales y también los parlamentarios de gobierno y oposición comiencen a inquietarse por la falta de una mirada más integral sobre nuestra educación, los propósitos de la reforma y los resultados esperados de la misma. Son asuntos complejos, pero la propia coalición gobernante desató las expectativas sobre los cambios y su implementación. En realidad, el sistema educacional chileno tiene problemas relevantes, pero no se puede desconocer que ocupa el primer lugar en América Latina, que ha mejorado sus desempeños y que las brechas entre grupos de distinto nivel socioeconómico se han reducido. Eso exige, por tanto, una reflexión más profunda y detenida respecto de las iniciativas que tienen mayores posibilidades de incidir en calidad y equidad.

Una línea de la reforma que justamente va contra esa exigencia es la posibilidad de destinar hasta 5.000 millones de dólares a la compra de infraestructura escolar hoy en manos de sostenedores privados. Hay una obsesión por terminar en plazos breves con el lucro, que ha existido por más de un siglo en la educación escolar chilena, sin ninguna evidencia que respalde este apuro ni la conveniencia de promover esta política. Aunque se gaste la mitad de esos recursos, se pueden imaginar usos alternativos de mayor impacto y eficacia. Piénsese, por ejemplo, lo que se podría lograr con un programa bien diseñado de apoyo a los establecimientos educacionales y estudiantes rezagados, por 200 millones de dólares anuales por los próximos 12 años. En la actualidad, las inversiones para esos fines están muy lejos de esas sumas. En tal sentido, en el debate actual parecen haberse perdido las proporciones.

Suele suceder así cuando el debate es excesivamente normativo y alejado de la realidad de la sala de clases y de la evidencia disponible. Por cierto, ese debate también es importante, pero los énfasis deben ponerse en asegurar un mejoramiento de las oportunidades educacionales de nuestros estudiantes, sin perjudicar los logros ya alcanzados. El proyecto de ley que recién comienza a debatirse en la Cámara, al tensar en tantos ámbitos distintos a los colegios particulares subvencionados, que actualmente representan el 53% de nuestro sistema educacional, pone en riesgo dichos logros. Es cierto que estos dejan mucho que desear, pero no se pueden negar los avances, porque ellos no son habituales en los distintos sistemas educacionales del mundo. Y dichos riesgos no tienen un contrapeso claro en aumentos de calidad y equidad. Ese desequilibrio está comenzando a hacerse notar, y si el Gobierno no logra distinguir con más claridad entre reformas eficaces y normativas de escaso efecto, la reforma educacional terminará diluyéndose.