Un grupo de deudores habitacionales, encabezados por Roxana Miranda -ex candidata presidencial que logró apenas el 1,24% de los votos en los comicios de noviembre-, irrumpió agresivamente el miércoles en un céntrico hotel capitalino donde se realizaba un seminario del Poder Judicial. Los manifestantes insultaron al presidente de la Corte Suprema, botaron sillas y arrojaron líquidos y escupitajos. En el encuentro se encontraban presentes una gran cantidad de jueces y otras autoridades del país, quienes vieron así expuesta su seguridad personal.

Chile ha sido tradicionalmente un país ejemplar en el trato entre la ciudadanía y las autoridades, caracterizado por el respeto mutuo. Es cierto que imágenes como la del entonces Presidente Jorge Alessandri caminando diariamente a La Moneda sin escolta resultan hoy inimaginables, pero aun así es común ver a otras altas autoridades o a empresarios destacados desplazarse sin problemas por la ciudad o incluso usar el transporte público sin que eso signifique mayor riesgo para su integridad. Ello contrasta fuertemente con la realidad de prácticamente todos los países de Latinoamérica y también con lo que ocurre en Europa y Estados Unidos. Se trata de un activo que cabe cuidar, pues expresa integración y amistad cívica.

Lamentablemente, una acumulación de episodios ocurridos en los últimos años amenaza resquebrajar esa tradición. El jarro de agua lanzado en 2009 contra la entonces ministra de Educación, Mónica Jiménez; la "funa" violenta sufrida en 2011 por los asistentes a un homenaje a Jaime Guzmán en la Universidad Católica; la irrupción de una turba interrumpiendo ese mismo año una sesión de la comisión de Presupuesto y agrediendo al ahora ex ministro Felipe Bulnes, y los escupitajos con que han sido agredidos tanto la Presidenta Bachelet durante la última campaña como el ex Presidente Piñera al asistir al velorio de un sacerdote y figura pública, dan cuenta de una agresividad que está lejos de ser representativa del ánimo ciudadano. Y aunque afortunadamente tales hechos no han significado hasta ahora daños mayores para quienes han sido sus víctimas, su recurrencia lesiona la sana convivencia social que sirve de sustento a una democracia sólida. La impunidad total o parcial de que han gozado la mayoría de los responsables de estos ataques agrava la situación, tanto porque expresa una falta de conciencia respecto de su gravedad como porque puede alentar su repetición.

El derecho a manifestarse es de la esencia de una sociedad libre, pero no cabe confundirlo con la agresión, el insulto y los actos de fuerza. La violencia, física o verbal, no es propia de la democracia, y en ese sentido las palabras del presidente del máximo tribunal, quien pareció minimizar lo ocurrido, contrastan con la justificada preocupación expresada por otro de sus pares, el ministro Milton Juica, ante hechos que en este caso amenazaron la seguridad de jueces de la República. El ejemplo de Argentina, que hoy sufre los efectos de la inicial condescendencia frente a los llamados "piquetes", debiera tenerse muy presente en nuestro país.