F. Paúl, M. Toro y C. Said

Hasta el Salón Montt-Varas de La Moneda llegará hoy a las 9:45 horas la Presidenta Michelle Bachelet acompañada del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. En el acto firmarán el primer proyecto de la reforma educacional que llevará adelante el Gobierno, el cual, a través de una ley corta, crea la figura de un administrador provisional del Estado que podrá intervenir en universidades y colegios en caso de que se detecten situaciones graves que arriesguen la continuidad de estudios de sus alumnos.

A la ceremonia están invitados los rectores de todas las universidades, tanto privadas como públicas. También se convocó a los presidentes de todos los partidos políticos, además de parlamentarios oficialistas y de oposición, y la totalidad de la llamada "bancada estudiantil".

A la cita asistirán representantes de la directiva de RN, como el secretario general del partido, Mario Desbordes. Del movimiento Evópoli, en tanto, llegará el diputado y miembro de la Comisión de Educación, Felipe Kast. No ocurrirá lo mismo con la UDI y Amplitud, que decidieron restarse de la ceremonia. Tampoco lo hará el diputado independiente y ex presidente de la FECH, Gabriel Boric.

En el Ejecutivo han preparado una ceremonia sobria, en la que sólo está contemplado que intervenga Bachelet.

La iniciativa ingresará a la Cámara de Diputados y aún no está definido si se hará con urgencia simple o discusión inmediata. El Gobierno optó por no enviarla a través del Senado, con el fin de no "atochar" proyectos en la Cámara Alta y mezclar su discusión con la de la reforma tributaria.

En La Moneda están conscientes de que el debate en el Senado en torno al alza impositiva no será de fácil despacho, como se espera que lo sea en la Cámara de Diputados, donde comenzará a revisarse a partir del 13 de mayo.

Hasta ahora, el Gobierno planea ingresar el proyecto de fin al lucro, selección y copago de la educación escolar a través del Senado. Pero, de polarizarse el debate en torno a la reforma tributaria, podría cambiar su decisión.

Reacción de la Alianza

Parlamentarios de la Alianza advirtieron ayer que el proyecto sobre el administrador provisional debe ser "cuidadoso" con las facultades que se le den a la nueva figura legal. El objetivo de senadores y diputados del sector apunta a cautelar la autonomía de las universidades y resguardar que los motivos para decretar una intervención estén adecuadamente descritos.

Es así como el senador RN Andrés Allamand, sostuvo que "el proyecto debe ser cuidadoso para cautelar la autonomía universitaria. Pero al mismo tiempo, dicha autonomía no puede ser un cheque en blanco". Añadió que "la ley deberá ser particularmente cuidadosa en términos de los requisitos y atribuciones de esta figura legal".

El parlamentario planteó que "lo clave es que exista una institucionalidad robusta que permita prevenir las situaciones que podrían conducir a una intervención. Esto es la subsecretaría de educación superior, superintendencia a cargo de la fiscalización y una agencia de acreditación".

En tanto, la senadora UDI, Ena von Baer, advirtió sobre la posibilidad de que haya arbitrariedad, "especialmente si no existe una institución como la superintendencia".

Por su parte, el presidente de RN, Carlos Larraín, aseguró que "todas las universidades tienen su propia autonomía, su claustro académico, sus definiciones programáticas, incluyendo las estatales". Y agregó que es necesario "saber cuáles son las facultades de esta administración provisoria y si tiene un período de vigencia".

Asimismo, el presidente de la UDI, Patricio Melero, dijo que "las facultades de quienes intervienen tienen que estar muy bien delimitadas para evitar que se perjudique la necesaria autonomía de los planteles".

En tanto, la senadora del movimiento Amplitud, Lily Pérez, señaló que "hay que velar siempre por la autonomía universitaria pero tampoco se le puede entregar el 100% al mercado para que resuelva este conflicto".

El diputado Kast, por su parte, manifestó que "no es evidente que lo que les convenga a los estudiantes sea mantener con respirador artificial el funcionamiento de una universidad que tenga problemas. Hay que tener cuidado con que esto no se transforme en una figura que mantenga universidades para que no sean reubicados".

Desde la Nueva Mayoría, en tanto, respaldaron el proyecto. El presidente de la DC, Ignacio Walker, dijo que "me parece muy conveniente y oportuno el proyecto para asegurar la permanencia de aquellas universidades o instituciones de educación superior, que puedan verse afectadas en su continuidad de giro".

Asimismo, el presidente de la comisión de Educación de la Cámara, diputado Mario Venegas (DC), sostuvo que "no podemos sino anticiparnos y tener una regulación que no permita llevar adelante procesos tan traumáticos como el de la Universidad del Mar".

El diputado PPD Rodrigo González aseveró que "el proyecto busca mejorar las capacidades del Gobierno y complementar las existentes a fin de solucionar los problemas de las instituciones".

Posición de la bancada estudiantil

Aunque Karol Cariola (PC) y Gabriel Boric (Izquierda Autónoma) no son parte de la comisión de Educación de la Cámara Baja, como Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC), los diputados fueron invitados a la ceremonia de hoy.

De los cuatro integrantes de la bancada estudiantil, solo Boric no estará. Aunque apoya la idea de un administrador estatal, expresó que "el Gobierno no puede pretender que respalde proyectos cuyo contenido y detalles desconozco".

Vallejo, Cariola y Jackson, en tanto, buscarán esta semana reunirse con Eyzaguirre para mostrarle un proyecto propio que pone fin al lucro y fija nuevas sanciones en el sistema.

UDLA y Andrés Bello, las mayores preocupaciones del Mineduc

Setenta mil jóvenes estudian hoy en las universidades Andrés Bello (UNAB) y de Las Américas, dos de las cuatro instituciones sobre las cuales el Mineduc tiene investigaciones formales. Junto a la U. Iberoamericana y Gabriela Mistral, los planteles comenzaron a ser indagados luego que el año pasado se presentaran denuncias de posibles irregularidades administrativas.

Según comentan quienes han seguido el proceso, la mayor preocupación del ministerio está en lo que se zanje sobre los dos primeros planteles, dado el alto número de alumnos. Pese a todo, en el Mineduc han defendido la calidad de la UNAB, institución recientemente certificada por la Comisión Nacional de Acreditación.

Para las autoridades es importante la estructura administrativa de la casa de estudios y las transacciones con su controlador, el grupo Laureate.

El consorcio es propietario además de la U. de Las Américas y de la U. Viña del Mar. Junto a la UNAB son investigadas por el fiscal Carlos Gajardo, quien derivó antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Servicio de Impuestos Internos para que analice eventuales delitos tributarios.

El CDE también recibió antecedentes sobre otras nueve universidades por parte del fiscal: U. Central, Autónoma, SEK, Pedro de Valdivia, Santo Tomás, Del Desarrollo, Uniacc, San Sebastián y la U. del Mar. Varias de ellas ya se investigaron en el Mineduc y, salvo la U. del Mar, fueron sobreseídas.

Lo que busca la iniciativa del Gobierno

Según ha explicado el Ministerio de Educación, la ley corta creará un administrador de instituciones de educación que buscará evitar el cierre de universidades, centros de formación técnica e incluso colegios.

La iniciativa determina que el administrador provisional podrá ingresar a un plantel cuando, tras una primera investigación, se detecte que está en riesgo la educación de los alumnos. Ya sea por motivos académicos, administrativos o económicos. Una vez en funciones tendrá un plazo de dos años prorrogables para trabajar un plan que busque subsanar la falta cometida.

Si transcurrido ese tiempo se logra reparar el problema, el administrador podría levantar la sanción y evitar el cierre del establecimiento. De lo contrario, deberá coordinar el cese de actividades, resguardando que los alumnos no se vean afectados.