Señor Director:

Días atrás los diputados Giorgio Jackson y Felipe Kast presentaron una indicación al proyecto de reforma tributaria, solicitando que el SII ponga a disposición del público información que tiene de los contribuyentes, resguardando debidamente el anonimato de estos. Celebramos esta indicación y su patrocinio por parte del Ejecutivo, porque mejora el nivel de la discusión tributaria, al reducir la ventaja que tiene el Gobierno respecto de los restantes actores en cuanto a la posibilidad de analizar información clave para la discusión de políticas públicas.

Sin embargo, esta indicación solo constituye un primer paso. Para nivelar la cancha se necesita crear una nueva institucionalidad. El acceso exclusivo del Gobierno a los datos del SII es solo la punta del iceberg: incluso con la posibilidad de acceder a dichos datos, el Congreso no puede hacer de contraparte técnica a los análisis del Ejecutivo dado que no cuenta con una institucionalidad adecuada para procesar y analizar esta información. Además, este es un problema que va más allá de la política tributaria, dado que el Gobierno también cuenta con una ventaja sustantiva en todos los proyectos de ley por su acceso exclusivo a datos y cruces de estos, relevantes para el análisis de otros temas, como previsión o salud.

Evidentemente este no es un problema asociado a un gobierno de turno, sino que una falencia de la institucionalidad chilena. En otros países este problema se ha resuelto con la creación de consejos presupuestarios o fiscales, como por ejemplo el Congressional Budget Office de Estados Unidos o la National Assembly Budget Office de Corea del Sur. Estos consejos tienen la capacidad de acceder a los mismos datos que dispone el Ejecutivo, y suficiente independencia para que sus análisis den confianza a actores de signo diverso.

Entre los análisis, generalmente se encuentran proyecciones de largo plazo de la actividad económica y estimaciones de los efectos de proyectos de ley que involucran gasto público (entre ellos, la ley de presupuesto) sobre la economía y el equilibrio de mediano y largo plazo de las finanzas públicas, así como también evaluaciones de la efectividad de las políticas públicas. Por otro lado, en general tienen la facultad de llevar una agenda de investigación propia y recursos suficientes para desarrollar estudios rigurosos a solicitud de parlamentarios.

Una institucionalidad de este tipo constituiría un avance significativo en la calidad del debate, pues los análisis técnicos actualmente son aportados por un organismo con incentivos a utilizar las metodologías que más se acomoden a sus objetivos específicos. Con una visión independiente, se dota al resto de los actores de un instrumento para cuestionar lo que ahora es una caja negra metodológica a la cual parlamentarios y ciudadanos no podemos acceder y mucho menos cuestionar con evidencia.

Por lo anterior, Espacio Público lleva diez meses trabajando en una propuesta de institucionalidad para la evaluación independiente de la política fiscal, que será puesta a disposición de la ciudadanía prontamente, la cual esperamos constituya un aporte a la construcción de las políticas públicas de calidad que Chile necesita para alcanzar su desarrollo.

Claudio Agostini
Universidad Adolfo Ibáñez

Eduardo Engel
Universidad de Chile
Presidente de Espacio Público

Andrea Repetto
Universidad Adolfo Ibáñez
Directora de Espacio Público