Con una celeridad que sorprendió a sus propios parlamentarios, y pese a que no era parte de las 50 medidas anunciadas para los cien primeros días de gobierno, la Presidenta firmó ayer un proyecto de reforma al sistema electoral que aumenta de 38 a 50 el número de senadores y de 120 a 155 el de los diputados. Buscando lograr proporcionalidad, se fusionan los actuales distritos, de modo tal que su número se reduce de 60 a 28, los que elegirían -dependiendo de su población- entre 3 y 8 diputados. Respecto del Senado, la nueva fórmula hace de cada región una circunscripción, también con un número de representantes que variaría según su cantidad de habitantes. Así, mientras que la Metropolitana elegiría 7 senadores, Arica, Tarapacá, Punta Arenas o Coyhaique solo escogerían dos, lo que en la práctica significaría mantener en esas zonas el binominalismo, a pesar de que se declara entre los objetivos del proyecto el de terminar con aquel sistema. Aparte de tal paradoja, la iniciativa ha suscitado reparos de congresistas regionales, precisamente porque, en el afán de acentuar la proporcionalidad, se acrecientan las diferencias entre el número de representantes que tendrían Santiago y las regiones que abarcan grandes núcleos urbanos, en contraste con las zonas extremas y menos pobladas.

Es previsible que tales cuestiones concentren parte del debate de una reforma cuya presentación supone desechar un anterior acuerdo entre la DC y RN, pero cuyo quórum exige al oficialismo lograr acercamientos con otros sectores. Será pues ocasión para apreciar la capacidad del equipo político del Ejecutivo para construir acuerdos amplios; parece inconcebible pretender establecer un nuevo sistema electoral por márgenes de uno o dos votos, sin un entendimiento que reúna a las principales fuerzas políticas del país. Antes, La Moneda deberá asegurar el concurso de sus propias filas: los parlamentarios son particularmente sensibles frente a proyectos que rediseñan sus distritos e inciden así en sus posibilidades de reelección.

Con todo, es de esperar que el debate no se reduzca a un cálculo de intereses ni se desarrolle sobre la base de premisas erróneas. En ese sentido, sorprende la declaración del oficialismo de que todas las democracias del mundo cuentan con sistemas proporcionales. Los casos de Estados Unidos o Inglaterra, ambos con sistemas uninominales, lo desmienten. También, ejemplos como los de Francia, Canadá y Australia. En realidad, la variedad de sistemas electorales es amplia y mal puede identificarse a algunos como más democráticos que otros. Sí puede afirmarse que mientras los proporcionales tienden a privilegiar una más directa relación entre el número de votos y el de representantes que elige un conglomerado, los mayoritarios favorecen la constitución de grandes bloques, "premiando" a quienes concentran las preferencias ciudadanas. En el caso del binominal, si bien puede no estimárselo como un sistema estrictamente mayoritario, sí comparte algunas de sus ventajas, como la de haber incentivado la formación de dos coaliciones que han permitido a Chile gozar de estabilidad política. Ello, no obstante las debilidades que se han evidenciado en su funcionamiento, en cuanto a reducir -por el uso que los partidos han hecho de él- la competencia e incentivar acuerdos cupulares.

También la experiencia ha mostrado que la combinación entre un régimen presidencial y un sistema proporcional puede derivar en gobiernos débiles. Esa es una de las conclusiones que deja la historia chilena en el siglo XX, cuando el sistema proporcional consolidó la división de fuerzas en tres tercios, que impidieron la conformación de mayorías estables y dieron origen a sucesivas crisis, aparte de entregar un desproporcionado poder de chantaje a colectividades menores, cuyos votos podían ser relevantes en un determinado momento. Se trata de una lección que no cabe desechar al plantearse ahora una nueva discusión electoral. Si aun con un sistema como el binominal el país no ha sido inmune a los problemas que suscita la fragmentación política, no parece prudente la opción de adoptar sin más un mecanismo proporcional que puede exacerbarlos.

El proyecto, de amplio alcance, también establecería por primera vez un sistema de cuotas para la conformación de las listas de candidatos. Además, el mensaje anuncia el envío de una reforma constitucional que contemplaría, entre otros puntos, terminar con la inhabilidad para que los dirigentes sindicales postulen al Congreso. Se trata de materias que ameritan, a lo menos, un análisis detenido.