Dentro del debate sobre gratuidad educacional, resultan ilustrativas las discusiones que el tema suscita entre sus propios impulsores. Al respecto, un artículo publicado en la web del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz - think tank del Partido Comunista- permite avizorar otros alcances de esa política. Se trata de un análisis realizado por el sociólogo Cristóbal Villalobos, quien plantea las "lecciones" que dejaría para Chile la experiencia ecuatoriana, a partir de las reformas impulsadas por Rafael Correa.

Según el artículo, aunque ese proceso se encuentra en pleno desarrollo, ya ha significado un incremento de más del 6% en la matrícula pública. Sin embargo, los efectos sobre la equidad "aún no han sido suficientemente claros", habiendo incluso aumentado -según algunos investigadores- las brechas interculturales (entre indígenas y no indígenas) y manteniéndose las socioeconómicas en el acceso a la educación superior; esto aun cuando el gobierno destaca otros números que dan cuenta de una disminución de la brecha de los quintiles de ingreso. Más allá de tal controversia, Villalobos plantea que ese posible bajo impacto de la gratuidad se explicaría porque esta no ha ido acompañada de reformas profundas al sistema de acceso a la universidad, el que sigue funcionando sobre la base de pruebas a los estudiantes. La conclusión del académico es que "si se cambia la estructura de la educación superior pero no su sistema de acceso, se generará un aumento de las desigualdades sociales". Por eso, plantea una discusión más profunda del tema en Chile, llamando a considerar experiencias latinoamericanas como las políticas de cuotas, los "pases directos" y hasta la discriminación por minoría sexual.

El artículo también resalta cómo la política del gobierno ecuatoriano ha sido generosa en aumentar el financiamiento para el sistema, de lo que concluye que las necesidades de recursos para un cambio así en Chile irían más allá de los costos directos de la gratuidad, de modo tal que "la reforma tributaria no solucionará todas las necesidades" y debieran discutirse más mecanismos de financiamiento, entre los que menciona la "nacionalización de empresas estratégicas". Una última "lección" sería la de fortalecer los mecanismos de evaluación de la calidad de las instituciones, lo que en el caso de Ecuador significó el cierre de 14 de ellas. De no procederse así, según el autor, la gratuidad provocaría una redistribución inequitativa de estudiantes, donde "los más acomodados se quedarían en las instituciones públicas y los más vulnerables emigran a instituciones privadas de dudosa calidad".

Revelador, el documento muestra cómo, incluso para partidarios de la gratuidad, sus efectos en la disminución de las desigualdades resultan muy discutibles. Aun así, en lugar de evaluar políticas más eficaces, optan por insistir en ella, acompañándola de un conjunto de otras medidas que alterarían de modo radical nuestro sistema universitario, asimilándolo a modelos latinoamericanos de dudoso resultado. Frente a tales planteamientos, es bienvenida la prudencia manifestada por la Presidenta Bachelet al advertir contra los apresuramientos y el riesgo de repetir en la educación la mala experiencia del Transantiago.