La transparencia y la rendición de cuentas contribuyen a fomentar el interés y la participación ciudadana, y juegan un rol de moderación y contención del poder del Estado. Ambas pueden ser aliadas formidables de la democracia representativa, pues aportan a la construcción de confianza y credibilidad en las instituciones.

Abrir la puerta del Estado a la transparencia y dotar de institucionalidad el derecho de acceso a la información pública, a través del Consejo para la Transparencia como órgano garante, promotor y fiscalizador, han permitido alentar y canalizar la participación ciudadana. El derecho de acceso permite que las personas se interesen y participen en los asuntos de relevancia social, pues posibilita conocer y evaluar las decisiones públicas, poniendo en marcha los mecanismos de rendición de cuentas.

Al cumplirse cinco años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Chile ha avanzado colocando a disposición de la ciudadanía una herramienta eficaz para exigir el acceso a antecedentes que están en manos de los organismos públicos y que, antes de 2009, habría sido meramente facultativo para la autoridad entregar.

Si miramos el camino recorrido desde abril de 2009, nos damos cuenta de enormes progresos y avances en la implementación de esta política pública de notable envergadura y trascendencia. La transparencia ha ido ganando espacio en el debate público y hoy es vista como un valor esencial. Los ciudadanos son cada día más conscientes de su derecho a solicitar antecedentes a los servicios públicos y estos y sus funcionarios, más allá de algunas controversias, se han ido plegando a este nuevo modelo de gestión.

El Consejo para la Transparencia ha sido perseverante en promover y garantizar el ejercicio de este derecho entre la población y fiscalizar su cumplimiento por los organismos públicos. A la fecha, con un incremento sostenido, hemos recibido más de 7.900 reclamos y amparos ante la ausencia o negativa a entregar información. Un 30% corresponde a 2013, lo que muestra el creciente interés ciudadano por ejercer su derecho. Sin embargo, pese a estos progresos, aún existen importantes desafíos que se deben afrontar con urgencia.

Uno clave es mostrar a las personas el vínculo directo que existe entre el valor de la información pública y el impacto que ella puede tener en su vida cotidiana. Mientras la ciudadanía no sea capaz de identificar masivamente qué es información pública, para qué le sirve y cómo y ante quién puede solicitarla y luego reclamar si no la obtiene, la tarea de crear una cultura de la transparencia seguirá pendiente.

Un segundo desafío es consolidar la instalación de la transparencia en las municipalidades. Sus estándares de cumplimiento aún no alcanzan, en promedio, el 50%, y el nivel es aún más precario en las corporaciones municipales. Y ellas manejan materias de altísima sensibilidad para la población.

El tercero es que nuestro país está en condiciones de aspirar a más. La madurez que hemos alcanzado nos permite ser más ambiciosos. Debemos dar un salto cualitativo y pasar desde una transparencia activa a una de carácter proactivo, pues tenemos la convicción de que facilitar y ampliar la disponibilidad y acceso a la información pública contribuye a la existencia de una sinergia colaborativa entre el Estado y sus ciudadanos.

En un sistema democrático, como el nuestro, los poderes del Estado debieran disponerse favorablemente para aceptar un amplio escrutinio de la opinión pública. Dicha actitud es la que permite que los ciudadanos ejerzan control social sobre los actos y decisiones de esos poderes. Una disposición positiva puede abrir insospechados derroteros para la participación de la ciudadanía en la apreciación de la función pública, así como fomentar una rendición de cuentas que permita asignar responsabilidades a las autoridades. Y todo ello debiera pavimentar la construcción de una mayor confianza de la población en sus instituciones y contribuir a la recuperación de la credibilidad en la democracia representativa.

Jorge Jaraquemada Roblero
Presidente Consejo para la Transparencia