El afán refundacional que anima a una parte de la Nueva Mayoría queda de manifiesto en el lenguaje peyorativo con que ciertos dirigentes califican el actual estado de cosas, así como en las propuestas para cambiar la institucionalidad en un amplio espectro de áreas: impuestos, educación, Constitución, legislación laboral y, entre otras, la previsión.

En esta última materia, el programa de gobierno es más bien cauto, si bien advierte que "la credibilidad del sistema de capitalización individual se ve aminorada por la existencia de ganancias extra-normales de las AFP". Sin embargo, algunas voces del pacto oficialista van mucho más allá, planteando la necesidad de cambiar el actual sistema por uno de reparto. Frente a tales planteamientos, tal vez sea necesario recordar que ya el esquema vigente combina la capitalización individual con un pilar solidario -reforzado durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet- que precisamente "reparte" pensiones mínimas a quienes su ahorro individual impide financiárselas por sí mismos, y entrega aportes para mejorar las jubilaciones del 60% más vulnerable, solo que los recursos para ello provienen de impuestos generales, y no de las contribuciones del resto de los trabajadores.

El programa considera la formación de una comisión presidencial para revisar el sistema de pensiones, que dé respuesta al hecho de que "los trabajadores ven cómo el nivel de la pensión que reciben no se condice con sus expectativas; es decir, es muy bajo". Entre los objetivos está resolver el problema de las "lagunas" que afectan el ahorro previsional, corregir los parámetros que definen ese ahorro, fortalecer la educación e información sobre los derechos y deberes en materia de seguridad social, y mejorar el uso de tecnologías de información para el cambio de los afiliados de una AFP a otra.

Es evidente que si la población ha extendido su esperanza de vida, aumentar el ahorro para mejorar la actual tasa de reemplazo (es decir, la relación entre la pensión y las últimas remuneraciones percibidas durante la vida laboral) constituye una necesidad insoslayable; ello supone enfrentar temas políticamente difíciles, como la edad de jubilación y el monto de las cotizaciones. También, resulta importante encontrar soluciones al problema de las lagunas, pero comprendiendo que estas se vinculan con debilidades de nuestro mercado laboral antes que con fallas propias del sistema previsional, si bien cabe considerar fórmulas que incentiven y faciliten la cotización.

La comisión debiera abordar estas materias con rigor. Esto significa asumir también que un nuevo reforzamiento del pilar solidario no solo requeriría una contrapartida de ingresos fiscales que lo sustente, sino que también puede tener efectos que cabe evaluar en cuanto a desincentivar el cumplimiento de sus obligaciones previsionales por parte de empleadores y trabajadores.

Tema aparte es el rol que cumpliría la anunciada AFP estatal: no se advierte de qué manera ella pueda mejorar los actuales costos del sistema. En cambio, resulta interesante el planteamiento de una de las administradoras en cuanto a establecer una fórmula que "compense" a los afiliados cuando sus ahorros registren pérdidas, lo que podría contribuir a afianzar la legitimidad del esquema previsional privado.

Los sistemas de reparto, que tanto entusiasman a ciertos sectores, probaron funcionar de muy mala manera en Chile, no solo con fuertes déficits, sino sometiendo a los trabajadores a los vaivenes de la política, dando así origen a situaciones de grave injusticia, en que muchas veces el monto de las pensiones aparecía vinculado a la capacidad de presión de ciertos grupos antes que corresponderse con el esfuerzo de las personas. El hecho de que un país como Francia anuncie ahora el congelamiento de pensiones dentro de un paquete de medidas económicas da cuenta de un sistema que no resuelve el problema de que "los trabajadores ven cómo el nivel de la pensión que reciben no se condice con sus expectativas".