La "patriótica" ocurrencia del congresista que propuso bautizar nuestros aires con el nombre del héroe (José) Quiñones se aprobó el mismo día del gesto teatral de Evo Morales en la Corte de La Haya, donde ningún Jefe de Estado había intentado presionar a los magistrados entregándoles personalmente una Memoria. Diferentes, aunque curiosamente simultáneos, son dos actos que ignoran los "efectos no deseados" que pueden producir en perjuicio de las causas aparentemente "nacionalistas" que los inspiran.

El núcleo conceptual de la demanda boliviana contra Chile es jurídicamente tan insostenible, que solo se explica por motivos político-electorales. La Corte no puede vulnerar dos principios capitales: respeto a los tratados y estabilidad de las fronteras, ni obligar a Chile a negociar una pretensión territorial y marítima no especificada, pero que comporta necesariamente la revisión del tratado limítrofe de 1904.

Si la salida soberana de Bolivia se diera por Arica, alteraría, además, los límites peruano-chilenos consagrados en el Tratado de 1929, así como los límites marítimos establecidos en la sentencia de la CIJ, cuyas coordenadas Perú y Chile acaban de cartografiar de común acuerdo. La Memoria boliviana evidenciará el propósito de forzar la cesión de un corredor soberano entre Arica y Tacna, que pondría fin a su vecindad y arruinaría la profunda integración económica y social que beneficia diariamente a tacneños y ariqueños.

Cerrada la frontera terrestre y marítima con Chile, nuestro interés nacional prohíbe posiciones imprudentes que admitan a priori la posibilidad de consentir una cesión de territorios que fueron peruanos antes de la Guerra del Pacífico. Si Chile quisiera dar a Bolivia una salida soberana al mar, podrá hacerlo por territorios que fueron bolivianos o cualesquier otros. Pero no por Arica. La vital interdependencia entre ariqueños y tacneños exigiría que antes de decidir, sus gobiernos les consulten democráticamente si aceptarían una interposición boliviana que termine con su próspera vecindad.

Lamentablemente , mientras el litigio Bolivia-Chile en La Haya instaura un nuevo contexto jurídico para el Perú, nuestro Congreso no asume seriamente sus responsabilidades en la problemática vecinal. Lo demuestra la ley que aprueba por unanimidad el "Cielo de Quiñones", ignorando las suspicacias que suscita en Chile el artículo 54 de la Constitución, cuyo párrafo final dice: "El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas". Son ligerezas que pueden entorpecer el proceso de ejecución de la sentencia de La Haya, que es imperativo finiquitar. Terminemos de reajustar normas internas, como la Ley de Bases del Dominio Marítimo, cuyo Punto 266 no coincide con las coordenadas que han sido bilateralmente determinadas en cumplimiento de la sentencia y registradas en Naciones Unidas.

En lugar de apoyar iniciativas pintorescas, el Congreso debería apurar la postergada adhesión del Perú a la CONVEMAR, de la que son partes Chile y Ecuador. Así lo reclama el interés nacional, que guía nuestra política exterior. Eso sería lo verdaderamente patriótico.

J. Eduardo Ponce Vivanco
Ex vicecanciller, ex embajador y ex secretario general de Relaciones Exteriores de Perú.
Columna publicada en el diario El Correo, grupo editorial El Comercio de Lima, GDA.