En sus contenidos, la reforma educacional es muy amplia. Además, algunos abren las puertas a otras discusiones en sí mismas complejas. Un ejemplo es la promesa de enviar un proyecto de ley para crear las universidades estatales de O'Higgins y Aysén. Aparte de la conveniencia o no de esta idea -en muchos países más bien se han unido universidades estatales para hacerlas más eficientes-, en la elaboración de los proyectos debería ponerse atención a un reclamo frecuente de este tipo de planteles: la maraña burocrática que enfrentan en su gestión diaria. La manera en que la Contraloría realiza su fiscalización, unida a las particularidades del estatuto administrativo les impiden tener la agilidad requerida en el mundo actual.

Un ejemplo interesante de analizar son los cambios efectuados en las universidades estatales finlandesas en 2009. En esa ocasión se estableció que ellas podían convertirse en corporaciones de derecho público o fundaciones de derecho privado. Sus empleados dejaron de ser funcionarios públicos y quedaron sometidos a la ley laboral común, pudiendo, por tanto, negociar colectivamente. Otros cambios apuntaron a darles más autonomía en su gestión, eliminando los controles estatales, pero reemplazando sus cuerpos superiores por un consejo con al menos 40% de miembros externos a la universidad, entre ellos el presidente y vicepresidente del consejo. Al mismo tiempo, se fortaleció la posición del rector, aunque se responsabilizó al consejo de su nominación, y se garantizó la autonomía académica.

Experiencias similares se están observando en distintos países que aspiran a mejorar sus universidades estatales, pero en Chile no hay claridad respecto de cuál es el modelo de organización apropiado para ellas. Es más, en la actualidad se escucha principalmente la voz de los estudiantes agrupados en la Confech, que exigen avanzar hacia la triestamentalidad y la elección "democrática" de los rectores. Sin embargo, este es un sistema que nunca tuvo mucha acogida en los países con los mejores centros universitarios y en otros está en retirada.

Las universidades requieren de una mirada de largo plazo, que solo se puede sostener con una organización apropiada. Los intereses y los debates coyunturales -de los cuales una institución de educación superior no puede estar totalmente ausente, pero tampoco ser absorbida por ellos- que inevitablemente promueve la triestamentalidad terminan dañando a la universidad y apartándola de sus tareas más propias. No es casualidad que las mejores universidades estatales del mundo no ocupen estas formas de gobierno. Tampoco es el caso de la Universidad de Sao Paulo, la mejor estatal de América Latina, donde el rector es nombrado por el gobernador del estado, de una terna propuesta por los académicos.

Si el Gobierno ha decidido aportar más recursos a las universidades, en particular a las estatales, es importante que delibere adecuadamente sobre cuál es el modelo de organización apropiado para ellas. La experiencia comparada, sobre todo la que registra cambios recientes, debería ser una guía. Esa reflexión tendría que quedar plasmada en la legislación que dé origen a las prometidas universidades de O'Higgins y Aysén, y de ahí expandirse al resto.