Hay una relación directa entre el protagonismo DC en la discusión tributaria y su compleja situación dentro de la Nueva Mayoría. Miembro de una coalición que se resiste a reconocer como tal; colectividad más grande de ella, pero en posición minoritaria frente a la izquierda; integrante de una alianza que le permitió volver al gobierno, pero sin participar del círculo más íntimo del poder y sin haber recibido los subsidios electorales que en el pasado les prodigó a sus socios, la colectividad intenta definir un rol que, a partir de esas condiciones, maximice su influencia. Sus armas son el voto de sus parlamentarios, sin los cuales la Nueva Mayoría deja de ser tal, y el peso simbólico de quien hace de este un pacto de centroizquierda y no una reedición aggiornada de la Unidad Popular.

Ante un gobierno que no se interesa ni necesita entendimientos con la oposición para sacar adelante la mayor parte de su agenda, la DC se ha levantado cual contraparte que, sin cuestionar las -discutibles- ideas matrices de la reforma tributaria, reclama y obtiene concesiones que liman en algo sus aristas más controvertidas, y aboga por corregir otras que afectarían directamente a algunos de sus bolsones electorales. Se trata de un asunto de convicciones y de supervivencia: crecientes sectores del país perciben la magnitud de la reforma y miran inquietos sus efectos, advirtiendo que ellos no solo tocarán "a los más ricos", como reza el discurso oficial. Desatenderlos sería renunciar a su vocación de centro político.

El costo de este ejercicio es la molestia de sus aliados, quienes perciben en estas primeras escaramuzas un adelanto de las discusiones que vendrán con la reforma educacional, cuando se definirán cuestiones doctrinarias respecto de las cuales el conglomerado no tiene acuerdo. Y la incógnita es si esta apuesta por el rol de minoría influyente dentro de la Nueva Mayoría bastará para mantener la identidad DC. Por ahora, la dinámica del debate ha reducido algunas distancias entre la mesa directiva y la disidencia, pero ambos sectores no han renunciado a su disputa por el control de la colectividad.

Tentación díscola

Aun cuando en la discusión tributaria la centroderecha ha cumplido lo que de ella se espera, advirtiendo las consecuencias del proyecto -y probablemente incidiendo así en la actitud DC-, el sector aún está lejos de articularse como una oposición relevante. Así lo mostró la discusión en la Cámara de la reforma constitucional sobre voto en el exterior. Es precisamente en los asuntos constitucionales donde -al no tener la Nueva Mayoría los votos suficientes- puede la antigua Alianza ejercer un poder real, obligando al oficialismo a negociar y moderar sus planteamientos. Lejos de ello, una de las fuerzas menores no dudó en sumarse sin más a la postura del Gobierno.

La tentación de privilegiar el propio perfilamiento, ya sea a nivel individual o de bancadas, puede proyectarse durante todo el período parlamentario. Tal vez sea irreal (y hasta inconveniente) aguardar unanimidad en el sector en los próximos años, pero si se muestra incapaz de hacer valer su peso en las únicas materias en que su voto es decisivo, su relevancia se tornará nula. Desde esa perspectiva, lo visto esta semana puede ser un inquietante anticipo para el debate sobre nueva Constitución.

¿Otra reforma de alcance no aquilatado?

La implementación del voto en el exterior no es una reforma de segundo orden, como parecen haberlo asumido ciertos congresistas. Siendo indiscutible el valor que representan para el país sus ciudadanos residentes en el extranjero, no es obvio el modo de incorporarlos en las grandes decisiones nacionales. Desde luego, supone responder preguntas incómodas. Por ejemplo, considerando estrechos resultados presidenciales de los últimos 15 años, con diferencias de 50 mil votos en primera vuelta y de menos de 200 mil en segunda, o primarias definidas por algo más de 20 mil sufragios, ¿es irrelevante la posibilidad de que una elección sea resuelta por ciudadanos que pueden no haber pisado nunca el territorio? ¿Es igual la condición de quienes -como los antiguos chilotes en la Patagonia argentina- se vieron obligados a emigrar para asegurar su subsistencia, con la de otros que libremente optan por una nueva vida en otras tierras?

Muchas naciones han respondido afirmativamente estas preguntas, pero, aquilatando su importancia, se han preocupado de establecer resguardos, exigiendo la mantención de vínculos y adoptando normativas que garantizan la transparencia de los procesos y resguardan las sedes diplomáticas del proselitismo político. En el caso chileno, la preocupación ha de ser crítica. El país ya sufrió las consecuencias de una discusión y ejecución electoral frívolas a propósito de la inscripción automática y el voto voluntario, cuando no se previeron situaciones tan bochornosas como las causadas por la no depuración de los registros. Parafraseando a la Presidenta, este es otro tema en que no sería admisible un nuevo "Transantiago".