Muy gradualmente, el ministro Eyzaguirre comienza a trazar las primeras definiciones de su gestión. El mensaje entregado el miércoles en la Comisión de Educación debe haber sido tranquilizador para las familias, en el sentido de que todos los estudiantes de la educación superior tendrán derecho al beneficio de la gratuidad, en la medida en que las instituciones elegidas estén acreditadas. Más allá de la conveniencia de esa política, que suscita justificadas objeciones por razones de equidad, es importante que se garantice una igualdad de trato que hoy no existe (los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores, por ejemplo, acceden a becas de mayor valor).

También sostuvo Eyzaguirre que el término del lucro no significa dejar de recompensar la inversión que han realizado emprendedores en educación, como tampoco su gestión. Se puede interpretar, entonces, que el Gobierno buscará terminar solo con ganancias abusivas y respetará aquellas iniciativas que obtengan una retribución razonable por su esfuerzo. Son ámbitos que, así planteados, además de eliminar incertidumbres para las familias y para diversos actores, pueden concitar acuerdos transversales, siempre positivos en educación; el propio ministro habló de su necesidad para darle sustento de largo plazo a la reforma.

Hay otras dimensiones donde aún subsisten imprecisiones. Por ejemplo, respecto de la prohibición de selección, el ministro reconoció, en una evaluación de sus reuniones con distintos actores, que es un asunto complejo, y afirmó que los liceos emblemáticos tendrían un plazo para adaptarse. Ello sugiere, en los hechos, que esos establecimientos se acabarían. Existe la impresión de que estos liceos tienen buenos resultados solo porque seleccionan a sus estudiantes. Sin embargo, evidencia reciente sugiere que agregan valor. Así, su eventual término afectaría negativamente la movilidad social en el país.

El ministro también mencionó la importancia de un buen sistema de aseguramiento de la calidad antes de garantizar gratuidad en la educación superior. Sin duda, el actual es muy deficiente y su reemplazo requiere abordarse a la brevedad. Sin embargo, se suspendió la tramitación de un proyecto enviado por el gobierno anterior que asumía este desafío. Seguramente, a juicio de las actuales autoridades, tiene defectos, pero estos no parecen ser tan significativos como para no avanzar en él, toda vez que el presidente de la Comisión de Educación del Senado reclama falta de actividad en la instancia que encabeza. El ministro aprovechó de anunciar que enviaría en el cortísimo plazo un proyecto para intervenir universidades en caso de detectarse ilegalidades que, de acuerdo con la legislación vigente, obligarían a su cierre. No es evidente que sea una buena solución: la experiencia indica que los estudiantes no quieren quedarse en una institución en tales circunstancias. Quizás sería más conveniente pensar en instrumentos que permitan su fluida reubicación.